El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira concedió ayer 24 horas a los parlamentarios autonómicos del Partido Popular Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, implicados en el caso Gürtel, para que paguen la fianza de 1,7 millones en total que les impuso el pasado 8 de mayo, antes de proceder al embargo de sus bienes.
López Viejo debe abonar 750.000 euros, mientras que la cifra que tiene que aportar Martín Vasco asciende a 950.000 euros. Las cantidades se fijaron en concepto de responsabilidad civil tras imputarles los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capital y falsedad por su presunta participación en la trama que dirigía Francisco Correa.
Los parlamentarios populares de la Asamblea de Madrid recurrieron la decisión del magistrado, que ayer Pedreira ratificó, y ahora tienen la intención de apelar ante la sala penal y civil del TSJM. Ambos han sido suspendidos de militancia por el PP, por lo que han pasado a ser diputados no adscritos, a pesar de que continuarán cobrando íntegramente su sueldo.
López Viejo y Martín Vasco se negaron a declarar ante Pedreira porque no conocían el contenido del sumario. Este permaneció bajo secreto hasta el 6 de octubre, cuando el magistrado hizo pública la instrucción que dirigió el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de este caso.
El juez Garzón, en el auto de inhibición que remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acusó a López Viejo de haber percibido un total de 563.000 euros de la trama, y a Martín Viejo, de haber recibido 437.166 euros.
En este caso también está imputado el parlamentario autonómico Alfonso Bosch. Pedreira no le impuso ninguna fianza tras interrogarle, aunque también se negó a declarar por desconocer el contenido del sumario. Garzón cree que "habría recibido pagos" del grupo de Correa por su intermediación en la adjudicación de locales.
