El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas no pasarán la noche en prisión. El juez de instrucción responsable de tramitar la orden europea de detención y entrega, cursada el pasado viernes por la jueza Carmen Lamela, ha decidido este domingo dejarlos en libertad aunque con medidas cautelares, según confirman fuentes judiciales belgas.
Puigdemont y los cuatro exconsellers -Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig- pactaron este sábado con la fiscalía de Bruselas entregarse voluntariamente en una comisaría del centro de la capital comunitaria. Y así lo han hecho este domingo a las 9.17 de la mañana en la comisaría de la policía federal ubicada en la rue Royal. “En presencia de sus abogados se les ha informado de la orden de búsqueda y captura y se les ha privado de libertad”, ha explicado este domingo el portavoz y magistrado Gilles Dejemeppe.
Una “privación de libertad obligatoria por ley” tras la cual han sido trasladados en vehículos policiales ya bajo arresto al edificio Portalis, sede de la Fiscalía de Bruselas y también del Tribunal de Primera Instancia, para ser escuchados e interrogados por el juez de instrucción. Según ha explicado Dejemeppe, hasta donde él sabe, no han sido esposados porque “no representaban un peligro para los policías que les han acompañado” ni “había riesgo de fuga”.
El procedimiento ha tenido lugar en neerlandés porque ha sido la lengua elegida por Puigdemont y los exconsellers -podían elegir francés o neerlandés las dos lenguas oficiales en Bruselas- que estando prestando declaración al menos cuatro horas y a puerta cerrada, en turnos sucesivos, acompañados de sus respectivos abogados e intérpretes.
En total, los cinco políticos catalanes han estado detenidos en dependencias judiciales belgas más de catorce horas. Tras la decisión del juez de instrucción, el caso se trasladará ahora a la Cámara del Consejo, una especie de Tribunal de Primera Instancia, que será la responsable de examinar el fondo de la euroorden. Este Tribunal tendrá que verificar que los delitos de los que están acusados en España - rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación- existen también en la legislación belga y que las penas se corresponden. Por ejemplo, la rebelión y la sedición no están recogidos como tal en el código penal belga.
En el caso de la rebelión -entre 15 y 30 años de cárcel en España- el código penal belga sí la contempla como delito pero solo cuando se produce contra los agentes de la autoridad policial, no contra el Estado, y con penas muy inferiores en función de si se han utilizado armas o no y si es individual o colectiva. El castigo más duro correspondería a un caso en el que se hayan utilizado armas y sean varios los rebeldes, de 5 a 10 años de prisión.
“Es necesario que los hechos por los que debe ser extraditado existan en el Estado miembro al que piden la extradición”, ha explicado al El PERIÓDICO Anne Weyembergh, experta en euroorden y profesora en el Instituto de Estudios Europeo de la Universidad Libre de Bruselas. Esto significa que si la justicia belga decide que los delitos no se corresponden o incluyen penas desproporcionadas España no podría juzgarlos ni por rebelión ni por sedición.
La euroorden entró en vigor el 1 de enero de 2004 y en circunstancias normales implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves -desde terrorismo hasta tráfico de armas- recogidos en el mandato. En la práctica, sin embargo, no hay garantías absolutas de que Puigdemont y sus exconsellers terminarán con celeridad en España, especialmente si alegan riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, una estrategia que su abogado, Paul Bekaert, ya ha indicado va a seguir. El procedimiento de momento se prevé largo e impredecible y podría prolongarse hasta tres meses.
