El juez Pablo Ruz acabó ayer con la tormenta que él mismo desató el martes pasado cuando pidió a la policía que le informara de las conversaciones telefónicas que habían mantenido el número dos de Interior, Antonio Camacho, con el exdirector de la policía Víctor García Hidalgo en mayo del 2006, cuando supuestamente un agente alertó al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, de que iba a ser detenido por su presunta relación con ETA. El magistrado rechazó citar a declarar a Camacho porque esas comunicaciones "son irrelevantes" para la investigación.
Acto seguido, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba exigió "a los que han difamado" a su número dos que "pidan disculpas". Una petición que cayó en saco roto en las filas del PP, que anunció que piensa seguir con su acoso al Gobierno por este asunto. Dignidad y Justicia, que realizó la petición, anunció que recurrirá la negativa de Ruz ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
La policía ha tardado solo dos días en atender la solicitud de Ruz, y en un informe explica que "resulta lógico y razonable" que Camacho y García Hidalgo --uno de los tres imputados en el caso-- hablaran por su "relación de dependencia jerárquica y de subordinación". De hecho, subraya que es normal que mantuvieran "comunicaciones durante las 24 horas del día". También confirma que los dos mandos del Ministerio del Interior se llamaban todas las mañanas y que esas comunicaciones no tenían nada que ver con el chivatazo. "Son llamadas fuera de contexto", dicen los investigadores.
Además, los técnicos niegan que Camacho y García Hidalgo hablaran del chivatazo porque no se comunicaron cuando "se consumó la delación policial" ni "cuando Elosúa se trasladó a Francia", hecho del que el exjefe superior de policía del País Vasco Enrique Pamies informó al exjefe de la policía. Sin embargo, este último no comunicó esa circunstancia a Camacho.
CESE POLICIAL El magistrado atribuye el tráfico de llamadas entre Camacho y García Hidalgo durante septiembre y octubre del 2006 al cese del exdirector general de la policía, que se consumó el 8 de septiembre y que le fue comunicado por el alto cargo ministerial. Por ello, el juez tacha "de irrelevantes" para la investigación esas llamadas.
La policía también ha identificado al titular de otro teléfono móvil que usa un inspector de policía que habló con Pamies los días del chivatazo por la relación de amistad que les une desde 1993. "El contacto" de ambos "fue puntual y sin relación con la presente investigación".
El vicepresidente Rubalcaba aprovechó esta resolución judicial para lavar la imagen de su número dos. "No tiene nada que ver con el chivatazo", dijo en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Y añadió: "Camacho lleva siete años sirviendo a la seguridad y esta semana ha soportado injurias y calumnias".
