El juez José Sierra negó ayer que detrás de la red de espionaje en Madrid estén funcionarios públicos y tampoco admite que se haya podido cometer un delito de malversación de caudales públicos. A su juicio solo existe un delito de revelación de secretos cometido por particulares contra el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el gerente del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel. Así consta en el auto en el que rechaza la personación del PSOE y de IU, que querían ejercer la acción popular. Ambos partidos recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El magistrado sostiene que a partir de las declaraciones de los periodistas que publicaron estos hechos "no pueden desprenderse indicios de que los hechos sean imputables a una autoridad o funcionario público".
