El juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción vinculada al PP, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Además, interrogó a otras tres imputadas --entre ellas la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano--, que quedaron libres.

Las fiscalas Concepción Sabadell y Miriam Segura les imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo. El juez decretó el ingreso en prisión de Correa, Sánchez y Crespo al filo de las diez de la noche. El magistrado les interrogó el lunes y prorrogó su detención hasta ayer.

También ayer fue trasladado a la Audiencia Nacional el último detenido de esta trama, Alvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, de Valencia. La policía lo puso a disposición judicial al filo de la una de la tarde. El detenido llegó esposado. Garzón le interrogará en las próximas horas.

AGOTADOR La jornada del juez fue maratoniana. Baltasar Garzón comenzó a las 11.30 horas con el interrogatorio de Carmen Luis Cerezo, quien solo permaneció en su despacho unos 10 minutos. Después le llegó el turno a Carmen Rodríguez Quijano.

Rodríguez fue detenida el viernes, pero la policía la dejó en libertad el sábado. Su letrado es Enrique Molina, el exfiscal del juzgado de Garzón. Fuentes de la defensa explicaron que Rodríguez aclaró al juez que actuó como apoderada de dos empresas de su marido: Special Events y Pasadena viajes hasta el 2001. También que entró en estas sociedades a petición de otro imputado, José Luis Izquierdo, un amigo de la infancia.

Negó, asimismo, que tuviera alguna capacidad de decisión cuando trabajaba como jefa de gabinete del también imputado Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. Su labor consistió en ejercer de relaciones públicas. Ahora trabaja en la empresa de su padre, Emilio Rodríguez Bugallo, procesado en la operación Malaya y fallecido en junio.

LAS EXPLICACIONES Carmen Rodríguez aseguró que no tenía relación con su marido desde hace cuatro años y que desde entonces están en régimen de separación de bienes. "No sé nada de lo que hacía o deshacía Paco", afirmó. El juez le impuso la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado más próximo a su domicilio y de pedir permiso para salir al extranjero.

También compareció ayer otra de las detenidas el viernes, Felisa Jordán, que fue liberada por la policía el sábado y que está relacionada con tres empresas del entramado: Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better y Easy Concept. Tras declarar, quedó en libertad sin ningún tipo de medida cautelar.