Justicia universal. El juez Baltasar Garzón decidió ayer investigar las torturas cometidas en la cárcel de Guantánamo (Cuba) a cuatro presos que estuvieron internados entre el 2002 y el 2007. El magistrado quiere perseguir a los autores, inductores, cooperadores necesarios y cómplices de este delito, es decir, a la Administración de George Bush.
Garzón conoció las atrocidades de Guantánamo en febrero del 2003 cuando EEUU extraditó a España a Hamed Abderramán Ahmed, Hmido , y le interrogó por haberle procesado como miembro de Al Qaeda. En su comparecencia judicial ante el magistrado español, Hmido denunció que había sido objeto de "malos tratos, golpes y trato vejatorio e inhumano" en Guantánamo. A esta declaración se sumó la de otros tres presos.
ANTECEDENTES Esta causa ha permanecido dormida hasta que el pasado 23 de marzo, el juez la reactivó. El fiscal se opuso a la reapertura en un escrito fechado el pasado 17 de abril y le instó a remitir el caso al juez Ismael Moreno, que investiga los vuelos de la CIA de presos de Al Qaeda a Guantánamo. Sin embargo, Garzón no acepta este criterio y pide a su colega que le informe del objeto de su instrucción antes de pedirle la competencia.
El juez justifica su decisión en la necesidad de perseguir los delitos contra la humanidad. En su opinión, está obligado a investigar a los responsables "como ejecutores materiales o intelectuales" que tuvieron bajo su guarda y custodia a los detenidos. Garzón confirma que estas personas son miembros del Ejército norteamericano o de la inteligencia militar. Y amplía sus pesquisas contra "todos los que diseñaron un plan sistemático de torturas o malos tratos y en contra de los prisioneros que tenían bajo su custodia y que habían sido capturados en el marco del conflicto de Afganistán".
PAPELES DESCLASIFICADOS Garzón recuerda que la Administración de Barak Obama ha desclasificado los documentos sobre las torturas de Guantánamo, según ha leído en los medios de comunicación. A pesar de ello, sostiene que estos papeles revelan "un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido marcado por las convenciones internacionales".
El actual presidente de EEUU es partidario de investigar a los inductores de estas violaciones, pero no quiere que paguen los excesos los militares que las ejecutaron. Sin embargo, el debate sobre el alcance de esta investigación divide a los demócratas y ha indignado a los republicanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró ayer que la decisión del juez no debería afectar a la relación política con la actual Administración Obama.
