La comisión internacional de juristas (CJI), con sede en Ginebra, expresó ayer su preocupación por el proceso que tramita el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón que, previsiblemente esta semana, será llamado a declarar en calidad de imputado por la investigación que abrió contra los crímenes de Franco. Esta comisión, compuesta por 59 personas, está integrada por juristas, abogados y miembros de diversos tribunales de justicia.
En un comunicado hecho público ayer, la consejera jurídica para Europa de la CJI, Roicín Pillay, aseguró que "las procesos penales a jueces" por investigar crímenes contra la humanidad "constituyen una interferencia injustificada e inapropiada con la independencia de los procedimientos judiciales". También que estos procesos son contrarios a los principios del pacto internacional de derechos civiles y políticos, y a los principios básicos de la ONU. Además, dijo que España "tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente" al franquismo. Y aseguró, contra lo que dice la Fiscalía, que la ley de amnistía de 1977 no puede "impedir la investigación y persecución judicial de hechos que son imprescriptibles".
PROFESIONALIDAD Por este motivo, el CJI considera que la investigación de Garzón sobre el franquismo no debe considerarse "una negligencia profesional" que pueda dar lugar a un proceso penal. Esta comisión ha informado a la relatora de Naciones Unidas de este hecho. Y confía en que "las actuaciones contra el juez Garzón sean desestimadas en breve".
Garzón está siendo investigado por el delito prevaricación en un caso iniciado por la presentación de una querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que fue admitida a trámite el 26 de mayo del 2009 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
