Las gestiones que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), realizó ante los ministerios de Agricultura y Sanidad en la época de José María Aznar para que se aprobaran las licencias de pesticidas del empresario Vicent Vilar, llevarán a cuatro exministros a declarar como testigos en el juzgado.

Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, de Agricultura, Celia Villalobos, de Sanidad, y Juan Costa, de Comercio, eran ministros cuando Fabra buscaba por Madrid los resortes políticos necesarios para acelerar la aprobación de patentes muy costosas. Todos se reunieron con Fabra, líder del PP de Castellón. Finalmente las gestiones resultaron fructíferas y los productos aprobados, un gran negocio para Vilar y, según éste, también para Fabra.

Hasta ahora la juez de Nules encargada del caso se había negado a citar a los ministros, pero el recurso de la Unión de Consumidores (UCE) ante la Audiencia Provincial se ha saldado con la orden de llamar a estos testigos. También deberán declarar el subdirector de gabinete de José María Aznar, Alfredo Timermans, el actual portavoz del Gobierno valenciano y entonces jefe del Grupo Popular en el Senado, Esteban González Pons, el notario Carlos Pascual, un exalto cargo de Agricultura y dos guardaespaldas de Fabra.

El auto de la Audiencia llega tres días después de que el exsenador Miguel Prim y el exdirector general de Agricultura Rafael Milán ambos imputados, admitieran la existencia de las reuniones, aunque los dos negaron "tratos de favor".

El escrito ordena también la investigación de los contratos mercantiles y laborales y declaraciones de impuestos de todas las empresas del matrimonio Fabra y sus hijos, la revisión de las cuentas corrientes y la tasación de todo el patrimonio porque, según el auto, "no resulta infrecuente ocultar el lucro obtenido en la esfera familiar".

FRAUDE FISCAL Fabra está imputado por delitos contra la Administración y por fraude fiscal de 150.000 euros en la declaración de la renta de 1999. Vilar sostiene que fue ese año cuando empezó a pagar grandes cantidades al político por sus gestiones en Madrid. Vilar y Fabra eran socios de la empresa Artemis 2000, propietaria de las patentes obtenidas, que estaba a nombre de sus esposas. En el 2003, cuando la mujer del empresario anunció que quería divorciarse, él lo interpretó como una maniobra de Fabra para hacerse con todo.