El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó ayer en libertad con cargos a los empresarios José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui porque el fiscal no solicitó ninguna medida contra ellos. El juez les imputa colaboración con banda armada después de que el fundador de ETA Julen Madariaga haya declarado en Francia que los industriales le pagaron 54.000 euros el pasado abril (la tregua empezó el 24 de marzo) "para favorecer el denominado proyecto de paz". Madariaga quedó en libertad bajo control judicial tras comparecer ante la justicia francesa.

Los empresarios, según fuentes de su defensa, fueron interrogados por la policía el pasado viernes. El juez ordenó horas después su detención y fueron trasladados a Madrid. En sus declaraciones policiales y judiciales negaron haber pagado la extorsión etarra. Confesaron que en el 2001 recibieron dos cartas de chantaje de ETA, pero afirmaron que no cedieron.

LA EXCUSA El juez no se cree esa versión y afirma que ETA "no cesa su actividad criminal" cuando los extorsionados se niegan a pagar, "salvo que se haya llegado a un acuerdo de pago o a un aplazamiento del mismo". También sostiene que la banda terrorista suele enviar "hasta cuatro remesas" de cartas de extorsión a "los empresarios renuentes antes de actuar contra ellos".

Por ello, da como buena la versión de Madariaga ante la jueza francesa Laurence Levert . El fundador de ETA declaró que el 29 de abril recibió de los dos empresarios 54.000 euros "para hacerlos llegar a ETA por los cauces ordinarios" a través "de un abogado de la confianza" de los industriales. Y que fue voluntario.

Esos datos, según el juez, están corroborados por intervenciones telefónicas. Asimismo, Marlaska asegura que en el sumario consta un recibo que fue localizado en el domicilio de uno de los detenidos en esta trama, José Antonio Cau, "con fecha de junio del 2006 donde ETA reconoce el importe cobrado".

Para el juez estos hechos son constitutivos de un delito de colaboración con banda armada. Marlaska, para justificar su actuación, explica que no puede aplicar a los empresarios extorsionados la eximente de miedo insuperable porque han negado haber pagado a ETA. Por ello, pidió al fiscal que solicitara alguna medida contra ellos.

INCUMPLIMIENTO El fiscal se negó a cumplir ese mandato, por lo que el juez acordó la libertad provisional con cargos para los imputados, que quedaron libres tras comparecer ante el magistrado. Marlaska hizo pública su decisión, a pesar de que el sumario está declarado secreto, para justificar una medida que ha sido criticada en medios financieros y políticos.

En la tarde de ayer, el juez interrogó a otros dos empresarios cuyos nombres aparecen en los papeles que localizó Levert en el 2003. En ellos constaban una quincena de empresarios que habían pagado a ETA desde 1999 y a los que se les había exigido un abono de entre 6.000 y 180.000 euros. En los documentos también figuraba la provincia de residencia del extorsionado, la fecha de la reclamación, la forma de requerimiento y si el pago era forzoso o voluntario.

En los dos últimos meses han comparecido ante la Guardia Civil y el juez esas personas. Todas ellas han quedado en libertad al entender que han sido víctimas de la extorsión de ETA.

Los abogados de Azpiroz y Saralegui difundieron ayer una nota en la que los dos empresarios negaban "categóricamente" toda colaboración con ETA y agradecían "las numerosas muestras de solidaridad".