Parecía que Esperanza Aguirre iba a salir indemne del más antiguo y extenso caso de corrupción del PP de Madrid, el 'caso Púnica', pese a que lo presidió durante años, pero al final no ha podido librarse de la última andanada de imputaciones instada por Anticorrupción. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido imputarla junto con su sucesora al frente de la Presidencia de Madrid Cristina Cifuentes por distintos delitos de corrupción, según confirmaron fuentes jurídicas. Esta última lo hará el 1 de octubre, mientras que su antecesora lo hará el 18 de ese mismo mes.

El magistrado ha hecho suyo el criterio de la Fiscalía especializada y ha imputado a las decenas de personas solicitadas por Anticorrupción. Todas ellas tendrán que desfilar por la Audiencia Nacional, incluidas las dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, condición que desde ahora comparten con el también expresidente Ignacio González, principal imputado del caso Lezo. Entre los nuevos imputados en la trama Púnica, presuntamente encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados, que solicita Anticorrupción también se encuentran los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela.

El nuevo impulso a la investigación se ha producido por Anticorrupción en un escrito de 75 páginas, en el que propone reorganizar las 16 piezas que conforman el caso cuya investigación se inició en 2014 en 11. De esta forma sostiene que se agilizará la investigación y enjuiciamiento de una trama que ha ido tejiendo en el tiempo una tupida red de influencias presuntamente utilizada para obtener beneficios ilícitos tanto para los imputados como para el Partido Popular madrileño.

CULPAR A AGUIRRE

En la investigación relativa a este aspecto de la trama resultó clave la agenda intervenida a Granados, en la que se desmenuzaba lo que se sospecha que era el reparto de las comisiones presuntamente ilícitas recibidas, de las que 1,6 millones habría llegado al PP a través del que era su gerente, Beltrán Gutiérrez. En sus últimas comparecencias ante el juez García-Castellón, Granados aseguró que en el PP madrileño no se realizaba un gasto por pequeño que fuera sin que lo supiera la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que responsabilizó junto a su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de la financiación ilegal del partido.

El imputado llegó a decir que ambos autorizaban "gastos sin control" durante las campañas que luego cargaban a la Comunidad de Madrid. Pero ha tenido especial cuidado en separar estas prácticas del PP madrileño del partido a nivel nacional, lo que ha justificado en la mala relación mantenida desde hace años entre Aguirre y Mariano Rajoy. Sin embargo, las campañas electorales en las que se investiga si se financiaron ilícitamente son las de 20017 y 2011, así como las generales de 2008.