El presidente de la Diputación de Alicante, un José Joaquín Ripoll que tres días atrás estuvo detenido durante 12 horas por su rol en la supuesta trama de corrupción ligada a las contratas de basuras en la Vega Baja, declaró ayer en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela y salió de allí imputado por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

La fiscalía había solicitado una fianza de 500.000 euros para que Ripoll, también presidente del PP en la provincia, eludiese la prisión, pero el juez, Carlos San Martín, lo rechazó. Fue una jornada de enorme actividad: frente al magistrado --rodeado de polémica tras sostener que él no ordenó el arresto del martes pese a que fuentes de la investigación señalan lo contrario-- desfilaron el político y cinco empresarios, todos implicados en la llamada operación Brugal, nombre que procede del acróstico de "Basuras RUrales Gestión ALicante".

Cuando llegó a la sede judicial, Ripoll fue arropado por varios vecinos. Nada dijo ni al entrar ni al salir, pero después, a última hora de la tarde, en la Diputación alicantina, el dirigente popular --enfrentado al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps-- dijo, en una declaración sin preguntas, que nada sabía sobre el "porqué" de su imputación y anunció, además, que en cuanto se levantase el secreto de sumario ejercería "las acciones legales que correspondan" en su defensa.

LOS EMPRESARIOS Antes que Ripoll, por las dependencias del juez San Martín habían pasado los empresarios Enrique Ortiz --constructor, máximo accionista del Hércules y uno de los poderes económicos más importantes de Alicante--, José Francisco León, José Candel, Luis Bracho y Rafael Gregori. Solo este último podría entrar en prisión, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, si en los próximos días no entrega los 100.000 euros que le pide el magistrado para evitar la cárcel. En el resto de casos, San Martín fue desestimando una tras otra las peticiones de fianza del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

"En cada comparecencia se ha explicado a los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones", explicó en una nota el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, informa Maria Josep Serra. Fue un escrito mucho menos volcánico que el del día anterior, en el que el juez aseguraba no haber tenido nada que ver con las actuaciones, algo desmentido por fuentes de la investigación pero que sirvió a la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, para acusar el miércoles al Gobierno central de practicar arrestos "propios de la dictadura".

A través de un comunicado, la dirección provincial de los conservadores de Alicante manifestó la "plena confianza en la inocencia" de Ripoll, reclamó "respeto a la presunción de inocencia" y a "las normas que rigen el Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial" e incidió de nuevo en la tesis de Cospedal. El PP, anunció el escrito, "estará especialmente atento a cualquier intento de vulneración de estos principios sustentadores del Estado Democrático".

Hoy declararán ante el juez tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad alicantina.