La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá quién tiene razón en la investigación del juez Santiago Pedraz de la muerte en Irak del cámara de Tele 5 José Couso a causa de los disparos de un blindado de EEUU en Bagdag. Dicha instancia debe resolver el recurso del fiscal, Pedro Rubira, contra ese proceso.
El juez reiteró ayer su orden de detención contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp por ser los presuntos autores de la muerte de Couso. El periodista falleció a causa del impacto de los proyectiles disparados desde un tanque contra el Hotel Palestina, en el que se alojaba la prensa.
El magistrado niega, como señaló el fiscal, que su orden sea una "represalia" contra la Administración de Bush, que se ha negado a colaborar con la investigación, ya que sostiene que los militares no son responsables de esos hechos.
Asimismo, Pedraz defiende la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esa muerte al ampararse en la Convención de Ginebra. Ese texto, que se aplica en las guerras, protege a los civiles y a los periodistas y obliga a los gobiernos a "tomar todas las medidas necesarias para fijar las sanciones penales" contra las personas que atentaran contra civiles.
El magistrado también explica al fiscal que no podía tomar otra medida contra esos militares, ya que, en contra de la opinión de Rubira, desconoce el domicilio de los mandos norteamericanos. Y se pregunta: "Aún conociendo ese domicilio, qué se puede hacer ante ello, si es imposible hacerlos comparecer ante el juzgado o tribunal español, dada la nula cooperación de EEUU".
El fiscal Pedro Rubira ha pedido a los jueces de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que dejen en suspenso la orden de detención a los militares estadounidenses. También demanda al juez que mientas se tramite ese recurso acuerde de oficio esa suspensión.
