El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en las condiciones fijadas por Alemania, y denuncia la falta de compromiso del tribunal alemán con hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español.
El magistrado, que no recibió hasta este miércoles la traducción oficial de la resolución del tribunal alemán que constriñó la entrega del 'expresident' a un delito de malversación de caudales públicos y no quería adoptar decisión alguna sin estudiarla con detenimiento, así como la legislación alemana, considera que el tribunal alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la decisión marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.
El juez ha retirado las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra Puigdemont, así como contra todos los hudios: Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
El magistrado responde así a la decisión tomada la semana pasada por el Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein, que solo acepta entregar a Puigdemont por el delito de malversación pero no por el de rebelión, al no considerar equiparable lo ocurrido en Cataluña con su delito de alta traición.
Desde que se conoció la resolución alemana, el magistrado ha estado esperando conocer en detalle el auto alemán y estudiando la legislación de ese país para poder adoptar la mejor decisión en relación con el principal procesado en la causa abierta por rebelión, malversación y desobediencia, ya que tiene especial trascendencia para el devenir del juicio que se celebrará en el alto tribunal por la declaración unilateral de independencia.
Aceptar la entrega con ese límite supone que el jefe jerárquico de los 25 procesados no sea juzgado por el principal delito, la rebelión, por el que quienes formaron parte de su Govern podrían enfrentarse hasta a 30 años de prisión, mientras que él solo a los 12 años que se prevé como máximo para la malversación, lo que sería cuando menos difícil de explicar. También supondría levantar la suspensión de funciones a Puigdemont, ya que dejaría de estar procesado por rebelión, por lo que ya no podría aplicársele el artículo 384 bis de la ley de enjuciamiento criminal.
