El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha cansado de que los procesados que esta semana han desfilado ante él se hayan amparado en las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el lunes dijo en una entrevista que no había ido un euro de dinero público al 1-O. El magistrado le requiere para que "a la mayor brevedad posible" diga en qué basa sus palabras porque "contradicen las fuentes de prueba recogidas" durante la instrucción de la causa por rebelión.

Nada más de tomar declaración a los procesados por rebelión y malversación (salvo la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la que solo se acusa del primer delito), el magistrado dictó una providencia en el que pide a Montoro "el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña".

El instructor dice que varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias celebradas entre el lunes y este miércoles, han defendido “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

Por ello, requiere al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”. Las afirmaciones del titular de Hacienda tienen especial importancia de cara a la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont una vez que Alemania ha adelantado que difícilmente la concederá por el delito de rebelión, ya que no aprecia la suficiente violencia. En ese caso, la entrega solo sería posible por la malversación de caudales públicos negada por Montoro.