Suma y sigue. El juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) indaga ahora la presunta financiación ilegal del PP en Valencia al aceptar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha pedido una batería de diligencias para aclarar si en esta comunidad los populares aceptaron que la trama que dirigía Francisco Correa les pagase actos de este partido. Paralelamente, el Tribunal Supremo, en cuanto reciba el permiso correspondiente del Senado, intentará descubrir si Luis Bárcenas, extesorero del PP, solo buscó su enriquecimiento personal o también desvió dinero al partido que dirige Mariano Rajoy al relacionarse con la trama Gürtel.
Fuentes de la investigación explican que Pedreira está pendiente del resultado de varias comisiones rogatorias (investigación judicial que se practica en el extranjero) a paraísos fiscales. Las fuentes consultadas sostienen que, de momento, con los datos que hay en el sumario es imposible imputar a más personas. Por ello, afirman que, salvo que lleguen otras pruebas, es poco probable que sea llamado a declarar, por ejemplo, Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. "Si no ha sido imputado es porque no tenemos pruebas", puntualizan fuentes judiciales.
BATERIA DE DILIGENCIAS Otra cosa es la posible financiación del PP en la Comunidad Valenciana. Un informe de la brigada de blanqueo de capitales apunta que la empresa que dirigía Alvaro Pérez, el Bigotes , realizó una doble facturación por cada servicio prestado allí al PP. La Fiscalía Anticorrupción ha optado por que sea el TSJM el que lo investigue ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de abrir una investigación. Pedreira ha aceptado el reto y ha admitido una batería de diligencias para estudiar este extremo.
Además, el Tribunal Supremo debe iniciar su investigación contra el senador y extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha percibido más de un millón de euros de la red corrupta. Correa explica, en la parte del sumario que ha sido revelada, que mantuvo una reunión con este para explicarle los "problemas que tenía para cobrar unos servicios prestados por sus empresas al partido". También aseguró que había entregado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. "Se trataría --según su versión-- de dinero derivado de comisiones por adjudicaciones de obras del Ministerio de Fomento cuando estaba al frente Francisco Alvarez- Cascos". Además, reveló que el tesorero "ha sacado estos fondos de España y en qué paraíso fiscal los tiene".
El alto tribunal, una vez que reciba la autorización del Senado, analizará al detalle las cuentas de Bárcenas para intentar descubrir si el dinero que recibió de la organización de Correa se lo quedó para su uso o lo repartió con el partido.
"PANDILLA DE GOLFOS" Esta práctica no es la habitual. Fuentes jurídicas han explicado que, de momento, no han observado "una financiación ilegal generalizada en el PP". Por contra, esas mismas fuentes sostienen que este caso deja en evidencia que el partido de Mariano Rajoy tiene manzanas podridas. "Han sacado dinero a paletadas de las administraciones públicas después de atender los caprichos de una pandilla de golfos", sostienen las fuentes.
Esta es la tesis que mantiene el PP, aunque su argumentario se viene abajo porque la instrucción judicial acredita que los "aprovechados" son desde cargos autonómicos y parlamentarios hasta dirigentes nacionales y alcaldes. La instrucción dirigida por el magistrado Baltasar Garzón --el juez de la Audiencia Nacional fue el primer instructor del caso-- deja en evidencia que "hubo una pandilla de chorizos" que no tuvieron reparo en amañar las adjudicaciones de obras a cambio de coches de lujo, viajes de ensueño, trajes, televisiones y caviar.
EL PAPEL DE LOS ABOGADOS Otra parte de la investigación se centra en aclarar el papel desempeñado por algunos abogados que "han pasado la línea de defensa" al ofrecerse a colaborar con Correa para recuperar el dinero que este había escondido en Suiza. En unas intervenciones en la cárcel de Soto del Real (Madrid) que se iniciaron el 19 de febrero y cesaron el 6 de mayo, estos letrados también revelaron que se estaban afanando para quitar la instrucción a Garzón y mandarla al TSJM. "A los de allí los hemos puesto nosotros", manifiestan. Sus tejemanejes parece que no han tenido éxito.
