El juez Fernando Andreu acordó ayer no prohibir la manifestación convocada por un grupo de ciudadanos para hoy en San Sebastián, a la vez que ordenó al Gobierno Vasco que controle el acto para que no se produzcan actuaciones que supongan un enaltecimiento del terrorismo. De esta forma, el magistrado de la Audiencia Nacional ha hecho caso omiso a la Fiscalía y a la asociación Dignidad y Justicia, que solicitaron la prohibición de la marcha al entender que es una convocatoria "encubierta" para homenajear a ETA y su entorno, ya que varios de sus convocantes han estado vinculados a la izquierda abertzale.
En su auto, Andreu sostiene, sin embargo, que los informes policiales recabados se limitan a reseñar los antecedentes de los convocantes y sus "pasadas adscripciones" a organizaciones ilegalizadas, unos datos de los que, según el juez, "no puede inferirse la existencia de ilícito penal", pues en ningún momento se hace referencia a que en el acto se vayan a realizar actos de enaltecimiento a ETA y su entorno.
Para el juez Andreu, resulta "evidente" que, si el departamento de Interior del Gobierno del País Vasco hubiera apreciado la existencia de indicios delictivos, "no solo no hubiera permitido la celebración" de la marcha, sino que, "como es su obligación", habría puesto dicha información en conocimiento de la autoridad judicial.
Por ello, Andreu ordena al departamento de Interior que realice "el pertinente control y seguimiento" de la manifestación para evitar que durante su transcurso se produzcan "actuaciones que pudieran enmarcarse en el enaltecimiento o apoyo a personas o grupos terroristas o asociaciones declaradas ilegales".
En este sentido, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, exigió ayer que se tomen "medidas" contra quienes utilicen la protesta para "jalear a ETA", y recalcó que su formación acata la decisión de la Audiencia Nacional de permitir la marcha.
