La Agencia Tributaria informó ayer al juez José Castro de manera no oficial de que las trece compraventas de propiedades que se atribuyeron en un reciente informe a la infanta Cristina "obedecen a un error". La aclaración se hizo por vía telefónica, según indicaron fuentes próximas a la investigación del caso Nóos . Ante la falta de certificación oficial, el magistrado libró a última hora de la mañana de ayer una batería de mandamientos a registradores de la propiedad de los lugares donde se ubican los bienes que, según el informe de la Agencia Tributaria, habrían reportado a la hija del Rey 1,4 millones de euros entre los años 2005 y 2006.

Aunque en el listado del fisco hay pisos y garajes, el juez se centró en las viviendas y libró órdenes de investigar siete propiedades. Cuatro de ellas se remitieron al registrador de la propiedad de Pilar de la Horadada (Alicante), donde constan cuatro fincas que, según el extraño informe de Hacienda, habría vendido la infanta por 50.830, 149.000, 253.340 y 296.966 euros, respectivamente. En Cataluña, el registrador de la propiedad de Arenys de Mar recibió el requerimiento por la venta de una finca en Calella por 450.000 euros, la operación más elevada de las investigadas. En Alicante, se pidió al registrador de la propiedad la hoja relativa a un apartamento ubicado en la urbanización Isla Blanca de la Playa de San Juan, que se vendió por 162.283 euros. Por último, al registrador de Almagro (Ciudad Real) el juez le pide la documentación de una operación inmobiliaria de 46.500 euros que se atribuye a Cristina en Valenzuela de Calatrava. Hasta la fecha, no ha aparecido ningún comprador que reconozca que adquiera su propiedad a la Duquesa de Palma.

LAS HIPOTESIS Cuando el pasado viernes trascendió el contenido del informe de la Agencia Tributaria que atribuía trece ventas inmobiliarias a la hija del Rey poco después de adquirir el palacete de Pedralbes donde reside con su marido, Iñaki Urdangarin, la Casa del Rey adelantó que el informe no era veraz. Transcurridas 72 horas desde la difusión del informe, nadie aclara a ciencia cierta lo ocurrido. Se aventuran hipótesis como la de un posible error en la transcripción del DNI en la casilla correspondiente al vendedor. No obstante, sorprende que el mismo error se repitiera en lugares tan dispares de la geografía española, en tantas ocasiones y en tan breve espacio de tiempo, poco más de un año. También llama la atención que en la Agencia Tributaria, donde se mira con mucho celo toda la información relativa al caso Nóos dado el alcance mediático y sus posibles repercusiones, no se hubiera detectado un error de tal magnitud. Mientras todas estas incógnitas se despejan, el juez Castro espera obtener información de los registradores de la propiedad para no dejar cabos sueltos.

DEBATE POLITICO Paralelamente, la fiscalía anticorrupción también intentará aclarar las incógnitas abiertas a raíz del informe de Hacienda. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, señaló que se examinará el informe de la Agencia Tributaria. "Una vez los fiscales lo valoren, me lo trasladarán y podremos opinar", señaló en declaraciones a los periodistas. Para Torres-Dulce, se debe "analizar ese informe y estar a las consecuencias".

El asunto también ha provocado un cierto revuelo político. "No conozco el fundamento de ese informe ni en relación con la infanta ni en relación con ningún contribuyente", declaró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la inauguración de un seminario en la Universidad Menéndez Pelayo. El ministro apuntó también que habrá que ofrecer explicaciones "en la medida en que se hubiera producido algún error". Tendrá ocasión de hacerlo si acepta la comparecencia que le ha solicitado Izquierda Unida en el Congreso. A través de su portavoz parlamentario, José Luis Centella, este grupo registró ayer una batería de iniciativas que incluye además una petición de comparecencia del presidente de la Agencia Tributaria. Con estas acciones se pretenden aclarar las "contradicciones" entre el fisco y la Casa del Rey en torno a la presunta actividad inmobiliaria de la infanta. IU planteará al Gobierno si piensa adoptar "algún tipo de medida para defender el informe realizado por los inspectores de la Agencia Tributaria, al ser desmentido este y, por tanto, existir la subyacente acusación de dar información falsa a un juez por parte de los mismos", según expuso Centella, quien también trasladará al Ejecutivo de Rajoy si "ve factible la existencia de una operación destinada a desacreditar al juez Castro".

Mientras, la defensa del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, registró ayer en el juzgado 211 folios de nueva documentación relativa a facturas de Nóos. Se trata de la edición del Fòrum Illes Balears del 2005, para demostrar que las "pérdidas ascendieron a 9.856,51 euros que tuvieron que afrontarse".