En una decisión inédita, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a EEUU que un juez de este país interrogue como imputados a los tres militares implicados en la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Bagdad el 8 de abril del 2003, sea o no en su presencia. Un portavoz del departamento de Estado estadounidense aseguró ayer que esa petición "es imposible" de cumplir.
La familia del periodista asesinado presentó una querella contra esos militares en mayo del 2003. Su demanda fue admitida a trámite por el juez Guillermo Ruiz Polanco --después suspendido de sus funciones durante seis meses por liberar a unos etarras-- en octubre de ese año.
En abril del 2004, el juez Baltasar Garzón cursó una comisión rogatoria a EEUU en la que solicitaba al departamento de Estado, de Defensa y de Justicia documentación sobre el ataque al Hotel Palestina de Bagdad, cuando un tanque norteamericano disparó contra el edificio e hirió a Couso y a otro periodista.
LA RESPUESTA Las autoridades norteamericanas no han respondido a la petición. Por ello, Pedraz da un paso más. Reitera que le remitan esos papeles, pero además cursa "una nueva solicitud de auxilio judicial internacional" al fiscal general norteamericano "para oír, como imputados, y con asistencia letrada" al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp.
Un portavoz del departamento de Estado de EEUU adelantó ayer que va a rechazar esa petición. "Será un día muy, muy frío en el infierno antes de que eso ocurra", explicó. Y añadió: "Simplemente no puedo imaginar cómo ningún soldado de EEUU puede ser sujeto de un procedimiento penal extranjero cuando está dentro de un tanque en una zona de guerra como parte de una coalición internacional".
Fuentes judiciales explicaron a este diario que EEUU puede desoír la petición del juez español. En esos supuestos, en los convenios internacionales se permite a los países cuyas peticiones han sido rechazadas aplicar el principio de reciprocidad. Es decir, si Estados Unidos pide ayuda judicial a España, ésta la puede denegar alegando ese precedente.
LOS PASOS Si EEUU accede a interrogar a los militares, se iniciará entonces otro trámite judicial. El juez español, que puede ir a Washington para presenciar la declaración, estará facultado para solicitar la extradición de esos militares si los considera autores de la muerte de Couso.
Entonces, EEUU puede emprender un proceso contra los militares, ya que goza de prioridad sobre España, al tratarse de ciudadanos de su país. O bien puede aplicar el principio de "juzgas o entregas" de la Convención de Ginebra aplicable a crímenes de guerra, según explicó el catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez. Esa Convención obliga a los países a cooperar cuando investigan delitos contra la Humanidad, como es este supuesto.
Esta norma se aplicó, por ejemplo, cuando fue detenido en Londres Augusto Pinochet, que fue entregado a Chile después de que se le abriera un proceso por los crímenes cometidos durante la dictadura, a pesar de que España pidió su extradición.
Además, al haber tipificado esos hechos como un crimen contra la Humanidad, la Audiencia Nacional solventa los problemas de competencia, ya que investiga un delito cometido por ciudadanos extranjeros y perpetrado en un país extranjero.
