El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha dictado este viernes una providencia en la que consulta a la Agencia Tributaria si la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y cinco de los principales imputados en la causa han declarado tener bienes y derechos en el extranjero desde el 2002, una obligación contemplada en la ley antifraude aprobada por el Gobierno el 30 de octubre del 2012. Hacienda dio de plazo hasta el pasado 1 de abril para aflorar estos bienes.
En la resolución, el juez Castro accede a una petición cursada por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, y pregunta a la Delegación Especial de Catalunya de la Agencia Tributaria sobre esta cuestión en relación a la infanta, Urdangarin, su exsocio Diego Torres y la mujer de este Ana María Tejeiro; el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y los hermanos Miguel y Marco Antonio Tejeiro.
El juez pide a Hacienda que le informe si estas siete personas han presentado como personas físicas o a través de otras interpuestas o de las mercantiles que se investigan en el 'caso Nóos' el modelo 720, que es obligatorio por parte de quienes tienen bienes y derechos en el extranjero, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
En concreto, pide que se entreguen al juzgado los documentos de este tipo en el caso de que estas siete personas los hayan utilizado en algún momento entre el 2002 y la actualidad, período en el que el juez indaga si se cometieron delitos fiscales en el entramado del Instituto Nóos, que también es investigado por el presunto desvío de fondos públicos.
