La Audiencia Nacional trabaja a marchas forzadas para evitar que el juicio por la matanza del 11-M sea un fiasco. Para ello, es preciso que el juez Juan del Olmo dicte, cuanto antes, el auto de procesamiento contra los acusados. En este momento, el juez tiene imputadas a 113 personas, de las que 26 están en prisión.

Fuentes de la Audiencia han explicado que Del Olmo va a procesar sólo a 40 de los 113 imputados. También que tiene previsto dictar esa resolución antes de que acabe el año, ya que no va a esperar a que la fiscal del caso, Olga Sánchez, le pida que acuerde esa medida.

El auto de procesamiento es el paso previo para iniciar un juicio, ya que se depuran los indicios que existen contra los imputados y se concretan las personas que tienen que sentarse en el banquillo para responder de las acusaciones.

Tras este trámite, el juez, una vez que se confirme el auto de procesamiento por una sala de lo penal, debe dictar un nuevo auto de conclusión del sumario y trasladar su instrucción al tribunal que se encargará de celebrar la vista. Esa sala debe solicitar los escritos de acusación y de defensa, y después señalar el inicio del juicio tras decidir las pruebas que se van a celebrar en la vista.

Por ello, fuentes de la Audiencia Nacional señalan que la preparación de este juicio es muy compleja, ya que en este proceso están personados 40 abogados defensores y aún no se sabe cuántos letrados representarán los intereses de las víctimas. Del Olmo se ha negado a que se persone en la causa la Asociación 11-M. Por ello, los afiliados de esa asociación no descartan comparecer individualmente en el proceso.

OTOÑO DEL 2006 A pesar de ello, fuentes de la Audiencia Nacional confían en que el juicio pueda celebrarse a finales del próximo año. Esas fuentes insisten en que es necesario que el proceso concluya, con una sentencia, antes de que se cumpla el plazo de los cuatro años, ya que de lo contrario habría que liberar a los imputados.

El sumario del 11-M ocupa 70.000 folios y cuenta con 28 piezas separadas. Fuentes de la Audiencia Nacional informaron ayer que los 60 imputados que no serán procesados serán derivados a otros juzgados que investigan otras tramas de terrorismo islámico o a los jueces ordinarios que tramitan delitos comunes, como es el caso del tráfico de drogas y estupefacientes. Otros, por su parte, deberán declarar como testigos en el macrojuicio del 11-M.