Ni un cabo suelto. El juez Fernando Grande-Marlaska prohibió ayer la asamblea que Batasuna ha convocado para el 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya) porque, a su juicio, ETA sigue controlando al partido aberzale. Pero, además, prorrogó otros dos años la suspensión de las actividades de la fuerza ilegalizada. Le impide, por tanto, dar cualquier paso público y ordena el cierre de las sedes que, poco a poco, había vuelto a abrir Batasuna.
El magistrado hizo ayer realidad su intención de impedir la asamblea del sábado. El lunes ya dio muestra de sus pretensiones al solicitar, sin que nadie se lo pidiera, unos informes a la policía y a la Guardia Civil en relación con ese polémico acto.
La formación ilegalizada intentó ayer por todos los medios impedir la decisión del juez. La abogada de Batasuna, Jone Gorizelaia, recusó al magistrado y se querelló contra él en el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. Grande-Marlaska hizo oídos sordos y rechazó él mismo su recusación, considerándola un abuso de ley.
ORDEN A VITORIA En su auto, el magistrado de la Audiencia Nacional exige al Gobierno vasco que impida la asamblea y que "se abstenga" de poner a disposición de Batasuna el local en el que estaba previsto celebrar la reunión, el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Barakaldo. Y, poniéndose la venda antes de la herida, el juez ordena a la policía y a la Guardia Civil que, en caso de que Batasuna llegue a reunirse, investiguen dónde y por qué motivos no se les ha impedido celebrar el hipotético encuentro.
Es más, el juez Grande-Marlaska explica que encarga esa investigación a las fuerzas de seguridad del Estado porque considerará como un delito de colaboración con ETA o una desobediencia "cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración". El juez también prorroga otros dos años la suspensión de actividades del partido aberzale. Por ello, clausura tres locales de Batasuna, le impide participar como fuerza política en "cualquier actividad de ámbito nacional o internacional", convocar manifestaciones o realizar cualquier tipo de actos propagandísticos.
El magistrado justifica esas medidas en su auto --de 37 folios-- en el que alude, al menos en tres ocasiones, a la "inteligencia media" como justificación para defender sus tesis. Grande-Marlaska recuerda que Batasuna fue creada por ETA y que se integró en la organización terrorista. También que la formación ilegalizada ha promovido desde el pasado 24 de septiembre el proceso Bide Eginez (Haciendo camino) y que éste culmina con el congreso. Añade que la Audiencia Nacional es el tribunal competente porque los dirigentes de Batasuna están procesados por ser de ETA.
ACTUACION "PROPORCIONADA" Tras estas consideraciones, el juez califica su actuación de "proporcionada". A su juicio, la asamblea de Batasuna no es una actividad pública "más o menos amparada en el libre ejercicio del derecho de expresión, reunión o asociación", sino que su intención es "conformar un congreso político" dirigido a "fijar su estrategia". Tampoco acepta que ese encuentro tenga por objeto "renovar" la organización, ni "con un mínimo grado de probabilidad" rechazar "la tutela y dirección" de ETA, "sino más bien todo lo contrario", asegura.
Grande-Marlaska llega a esa conclusión porque en la asamblea "sólo existe una ponencia, la oficial, a diferencia de procesos previos en el mismo sentido" en los que Batasuna en los años 2000 y 2001 abordó la cuestión "de los disidentes".
El Supremo tiene ahora que decidir sobre la querella de Batasuna. En ese escrito, se acusa al juez de haber tomado su decisión "para potenciar el interés de un determinado partido" y de haber cedido a una "presión política inaceptable".
