La Audiencia Provincial de Sevilla decidió ayer mantener en libertad a los cuatro condenados a las máximas penas en el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. Se trata de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. El tribunal entiende que no existe el riesgo de fuga invocado por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar su encarcelamiento inmediato al pesar sobre ellos una pena de más de siete años de prisión, al tiempo que recuerdan los magistrados que han sido excluidos de otras causas judiciales vinculadas a las ayudas sociolaborales concedidas de manera presuntamente irregular.
En un auto, la Audiencia de Sevilla rechazó por tanto la petición de la fiscalía, a la que se adhirió también el PP como acusación particular por considerar que no se puede esgrimir el riesgo derivado de las altas penas impuestas en la causa «desde el momento que existen en el proceso otros acusados, condenados a idénticas o similares penas, respecto de los cuales no se solicita la prisión». «Eso significa que las acusaciones no aprecian este riesgo de fuga por razón de la pena impuesta», alega el tribunal.
El fallo subraya asimismo que en la comparecencia de solicitud de medidas cautelares tampoco se ha dado «razón o justificación alguna» acerca de que «concurran circunstancias adicionales a esos otros acusados, que permitan inferir racionalmente el riesgo de fuga». No obstante, los magistrados sí mantienen las medidas cautelares impuestas a Guerrero y Fernández, que deben comparecer una vez al mes en el juzgado, obligación que se extiende a Viera y Márquez. También se les prohíbe a todos abandonar España y se les requisan los pasaportes. Según el tribunal, estas medidas cautelares son suficientes para evitar una fuga.
