El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto la vía para juzgar al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y tres colaboradores, entre ellos uno de sus hijos, por defraudar supuestamente 72,04 millones de euros a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales.

En un auto, en el que el magistrado transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, da un plazo de veinte días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que formulen su escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.

Además de Carceller Coll, el juez se dirige contra su hijo, Demetrio Carceller Arce; su "hombre de confianza", José Luis Serrano Flórez, y el abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen.

De los informes elaborados por la Agencia Tributaria se desprende que Carceller podría haber defraudado entre 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y otros 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.

En concreto, dejando fuera los ejercicios en los que el delito fiscal ha prescrito, el juez recoge que defraudó las cuotas de IRPF entre 2003 y 2009, el Impuesto de Patrimonio de 2003 a 2007 y el Impuesto de Sucesiones de 2006, cuantías todas superiores a los 120.000 euros a partir de la cual el fraude se tipifica como delito y no como falta.

Para Ruz, "ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública" mediante la "ocultación del domicilio real" de Carceller en colaboración con los otros imputados.

Según relata en su resolución, con el objetivo de eludir sus obligaciones tributarias, el presidente de Damm inició al menos en los años 90 acciones para ocultar que, aunque su domicilio estaba en Madrid y Galapagar, utilizó estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, reinvirtiendo las cuotas que defraudaba en sociedades controladas por él.

Para ello, contó con la colaboración de los otros tres imputados, de forma que Pretus se encargaba de "articular todas las sociedades" usadas por el entramado y planificar la simulación de su residencia en Portugal y Reino Unido, y Serrano Flórez le proporcionaba para ello la "información y documentación necesaria".

Mientras, su hijo participaba "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones que tiene en Arizona (EEUU) y su aportación fue "esencial" para simular la residencia fuera de España de su padre.

Los distintos informes aportados por la AEAT ponen de manifiesto que Carceller ocultó la titularidad de importantes paquetes accionariales de Atlántica Petrogas y de las sociedades canarias Inarsa, Cursa, Syocsa y Amisa, así como de otro conjunto de sociedades agrarias del sur de España controladas a su vez por otras radicadas en Belice, Samoa e Islas Marshall.

Asimismo, escondió su inversión en la sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico detrás de una estructura societaria con entidades en Holanda (Halfrond BV), Las Antillas Holandesas (Arana NV) y Panamá (Financiera Intercontinental SA).

También creó una estructura encabezada por la sociedad panameña Financiera Intercontinental de la que pendían otras holandesas, de las Antillas Holandesas y chipriotas, mediante las cuales ocultó su titularidad de los paquetes accionariales de Disa Corporación Petrolífera, Renta Insular Canaria y Sociedad Anónima Damm.

Por último, tejió otro entramado para esconder sus inversiones en la sociedad portuguesa Buckland Consultadoria e Servicos LDA y en la inmobiliaria Villamarta Finance, y un último para ocultar las que tenía en centros comerciales de Arizona.