El juez de Palma José Castro impuso ayer una fianza con carácter solidario de 8.189.448,44 euros a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres para responder de las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse contra ellos en la investigación del caso Nóos . El magistrado justifica esta decisión en un extenso auto, de 542 páginas, en el que acusa a Urdangarin y Torres de "desentenderse de las reglas que rigen la contratación pública con tal de conseguir su objetivo ... de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno" y en el que adelanta que "previsiblemente" habrá nuevas imputaciones en la investigación.

"En la esfera privada, existen suficientes indicios de que el protagonismo recae, de una parte, sobre Don Iñaki Urdangarin Liebaert y Don Diego Torres Pérez y, de otra, sobre una serie de personas, unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán, que han colaborado de manera diversa en la actividad delictiva", afirma el juez Castro en su escrito, que se hizo público un día después de que fuera citado a declarar como imputado el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que ejerció de tesorero en el Instituto Nóos. Tras la imputación de García Revenga, la infanta Cristina es el único miembro de la junta directiva de Nóos que permanece fuera de la causa.

"PARAGUAS" ALTRUISTA En su auto, Castro respalda las peticiones económicas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción, el sindicato Manos Limpias y la Abogacía de la comunidad autónoma balear por los 6 millones de euros presuntamente desviados de las arcas públicas a sociedades mercantiles controladas por Urdangarin y Torres, sirviéndose del "paraguas" altruista del Instituto Nóos. El juez apunta que Nóos "dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro" y añade que los dos socios hicieron una "utilización fraudulenta ... de la figura del convenio para eludir la aplicación de la ley de contratos del sector público".

El magistrado detalla los acuerdos millonarios suscritos entre el 2004 y el 2007 por el Instituto Nóos con las administraciones públicas de Valencia y Baleares, con Francisco Camps y Jaume Matas al frente, respectivamente. La resolución señala que los responsables políticos que intervinieron en esas contrataciones son "merecedores del más intenso reproche ético y jurídico", por cuanto se dedicaron a "vestir el santo con expedientes administrativos nulos de pleno derecho para adjudicar el dinero público a Urdangarin tras acordar verbalmente los contratos con él".

AMENAZA DE EMBARGO El duque de Palma y su exsocio podrán cumplimentar la fianza "con cualquiera de las formas admitidas en Derecho"; es decir, cabrían avales, títulos bursátiles y bienes patrimoniales. El magistrado les da un plazo de tres días para interponer recurso contra esta decisión y amplía el margen de prestación de la fianza a cinco días "dada la cuantía" fijada. De no hacer frente al pago, se les advierte a ambos de que "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios". En este sentido, se verían afectadas sus participaciones en las sociedades mercantiles creadas en torno a Nóos y también Aizóon, la empresa que el duque de Palma comparte al 50% con la infanta Cristina.

Para afrontar la fianza, el duque dispone del palacete de Pedralbes, del que se mudó recientemente junto a su familia para ocupar otro inmueble más modesto. En la época boyante de los negocios de Nóos, Urdangarin y Torres se hicieron con media docena de pisos. También disponían de cuentas con inversiones de carácter financiero. El juez ha remitido la resolución al presidente y a diversos altos cargos de la Generalitat Valenciana por si quieren ejercer acciones por el perjuicio a las arcas públicas, como ha hecho Baleares.