El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido este lunes mantener en prisión provisional sin fianza al exvicepresidente del Govern de Cataluña, Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y para los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Para los otros 6 'exconsellers' que están en prisión, el juez acuerda la prisión eludible con fianzas de 100.000 euros para cada uno de ellos.
El magistrado no aprecia riesgo de fuga en ninguno de ellos, pues ve su situación similar a los de los miembros de la Mesa del Parlament; resta trascendencia a la huida protagonizada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cuatro exmiembros del Govern, y tiene en cuenta su arraigo en Cataluña y hasta que la mayoría de ellos concurrirá a las elecciones del 21-D.
Pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva para los cuatro situados en la cúpula de la organización criminal -según la definió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela-, que diseñó y ejecutó la estrategia que condujo al referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Según la resolución, "la aportación al delito" de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que quedaron en libertad con distintas fianzas "se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado" y no a conductas "violentas". Mientras en la actuación de los consellers y los 'Jordis' sí aprecia una "lesividad" que acrecienta la posibilidad de reiteración delictiva.
Violencia
El juez individualiza las conductas y señala respecto a Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart que "sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se van alcanzados por ella". Y este es un dato clave para apreciar la existencia de un delito de rebelión, en el que la violencia es imprescindible.
Recuerda varias actuaciones violentas como el "asedio" sufrido por la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona los días 20 y 21 de septiembre.
“El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no solo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”.
En estos investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”. Y ese peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.
Declaraciones del viernes
La decisión del magistrado, que puede recurrirse en reforma y apelación ante la Sala Segunda del Supremo, llega después de que el exvicepresidente y los otros siete 'exconsellers', así como el presidente de Òmnium Cultural y el exlíder de la ANC prestaran declaración el pasado viernes para defender la revisión de la prisión preventiva que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela impuso el pasado 2 de noviembre a los 'exconsellers', y el 16 de octubre a los 'Jordis'.
En su comparecencia en el Supremo, todos ellos acataron el artículo 155 de la Constitución y renunciaron de una forma u otra a volver a recurrir a las vías unilaterales. La resolución señala que "los investigados, aunque sean fieles a su aspiración de que la comunidad autónoma de Cataluña se constituya en una república independiente, reinterpretándose o modificándose para ello el actual texto constitucional, también han expresado que su empeño político solo puede alcanzarse a través de una negociación con el Estado, proclamando que les resulta obligado modificar anteriores estrategias, y expresando que sus futuros instrumentos de actuación quedarán limitados a mecanismos pacíficos y respetuosos con el orden legal".
Pero del auto de Llarena se desprende que no convencieron y que ha entrado en el fondo del caso, ya que destaca los indicios de violencia existentes para armar la acusación por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
