El juez Eloy Velasco investiga a dos guardias civiles, uno en activo y otro en excedencia, que soplaron a Francisco Granados que estaba siendo investigado en la Operación Púnica. El togado les imputa un delito de revelación de secretos y les acusa de haber puesto en peligro esta investigación porque tras este aviso el que fuera número dos del PP en Madrid y su mano derecha, David Marjaliza, adoptaron "medidas de seguridad adicionales", ya que se intercambiaron menos llamadas y en ellas no hablaban de temas de interés.
El magistrado explica que Granados pidió a José Luis Caro, guardia civil retirado, con el que mantenía una relación de amistad de su etapa en la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid que le hiciera gestiones después de recibir un soplo de otro agente, José Manuel Rodríguez, que participaba en el dispositivo que la Guardia Civil habia montado en las oficinas de Marjaliza donde habían colocado una cámara para grabar las entradas y salidas de políticos, empresarios, funcionarios y otros colaboradores de esta trama de corrupción.
Granados comunicó esta vigilancia a Marjaliza que optó por quemar centenares de documentos y que destruyó los telefónos moviles que usaba y los cambió por otros nuevos. Además, el exdirigente popular averiguó que la investigación estaba abierta por "corrupción" por lo que explicó en una llamada: "Esto tiene una pinta malísima" y Caro le confirmó "que la cosa era seria".
Tras este aviso la Guardia Civil tuvo que desmontar la cámara de vigilancia y buscar otros medios de prueba. Por ello, el juez acusa a los agentes de haber faltado a su "deber de sigilo y discreción".
Esta es una de las 14 piezas que el juez Velasco ha desgajado en la Operación Púnica para agilizar la instrucción y en ella solo están imputados los agentes y Granados.
