Aún no se han reactivado los plazos procesales, pero ni eso ni la polémica que rodea la destitución del coronel Francisco Pérez de los Cobos, han llevado a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel a ralentizar de alguna forma la causa en la que investiga la incidencia de las concentraciones que se realizaron en Madrid, como la manifestación del 8-M, tuvo en el contagio de covid-19.
En una providencia a la que ha tenido acceso este diario la jueza ha citado para el día 11 la declaración de ocho funcionarios o trabajadores de la Delegación del Gobierno de Madrid. Para esa misma tarde ya había citado a siete personas que figuraban como convocantes de concentraciones y manifestaciones reflejadas en el informe de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que provocó la destitución de Pérez de los Cobos.
Los 15 testigos comparecerán un día después de que declare el único imputado que hay en la causa, el delegado del Gobierno madrileño, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación administrativa por haber permitido la manifestación feminista madrileña. La denuncia inicial también le imputaba un delito de lesiones, pero la magistrada lo rechazó después de que un informe forense declarara que era imposible establecer la causalidad entre el contagio y la asistencia a la marcha.
En la providencia de este miércoles, la jueza vuelve a rechazar imputar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al limitarse la causa que instruye a la actuación de la Delegación del Gobierno y haber otros procedimientos en los juzgados contra el doctor que día a día da a conocer la incidencia del virus en España.
Acusación a 1.000 euros
También rechaza la imputación por el hecho de que lo solicita el abogado no ejerciente que presentó la denuncia inicial, cuyo ejercicio de la acción popular en nombre de una asociación de afectados por el coronavirus aún no ha aceptado.
A la que sí ha admitido en calidad de acusación popular es a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, una vez que haga efectiva una fianza de 1.000 euros. De momento rechaza la solicitada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, al que se juzgaba por la Audiencia Nacional por organización criminal y extorsión, pero la vista quedó en suspenso por el coronavirus. La magistrada le reclama un poder y otros 1.000 euros.
La decisión de la jueza llama la atención, porque en los últimos tiempos en los juzgados se había extendido la práctica de admitir el ejercicio de la acusación de forma coordinada bajo una única dirección letrada para reducir el número de partes personadas. La fianza la abonan conjuntamente todas las acusaciones que concurren de forma única.
