La jueza del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto, a instancias de la Abogacía del Estado, una nueva línea de investigación en el procedimiento en el que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Reclama a la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento de la capital información sobre «los eventos colectivos o masivos públicos o privados» que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo «con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias».
En una providencia, fechada el pasado día 9, la jueza se dirige a las instituciones gobernadas por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en busca de información «sobre los eventos deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros que se celebraron en esos días en lugares públicos o privados». Se interesa por su aforo, fecha y por si se cancelaron a causa del covid.
Almeida respondió ayer a la jueza en rueda de prensa que el ayuntamiento no disponía «de la información de la que se podía disponer en otras administraciones» sobre el virus para autorizar o denegar eventos. «Vamos a cooperar», dijo el alcalde.
DOS DÍAS DE PLAZO / La jueza les daba de plazo hasta ayer, cuando continuó con las declaraciones de testigos. Los ocho primeros, cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno y tres convocantes de manifestaciones en días cercanos al de la marcha feminista, ratificaron lo declarado ante la Guardia Civil, informó Europa Press. Los primeros telefonearon tras el 8-M a convocantes de movilizaciones para pedirles que anularan los actos por la situación sanitaria y los segundos lo confirmaron.
La magistrada, acostumbrada a imprimir un ritmo frenético a sus instrucciones como con el caso máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ha respondido a la solicitud de la Abogacía del Estado en un párrafo de una providencia. El resto de los fragmentos se refieren con distinta suerte a diferentes peticiones de las partes.
Esa rapidez copa gran parte del último recurso de la fiscalía ante la Audiencia de Madrid, después de que Franco declarara que no había elemento alguno entonces para prohibir ejercer un derecho fundamental.
LAS RESIDENCIAS / Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, salió ayer al paso de la crisis interna de su gobierno por las residencias de mayores y anunció en el pleno de la Asamblea «una investigación interna en la Comunidad de Madrid» para saber qué ha pasado durante el covid, si bien aseguró que se ha hecho «lo humanamente y técnicamente posible» por salvar la vida de los ancianos.
La presidenta explicó que se han realizado «más de 10.600» traslados de residencias a hospitales, y que el 25% del total de los ingresados en centros hospitalarios han sido «personas mayores». E insistió en negar que no hubo una «orden política». Según los últimos datos, más del 87% de los fallecidos por el virus en la región tenía más de 70 años.
