Parecía que el PSOE arrancaba el curso político con cierto optimismo, que había comenzado a hallar el tono adecuado para su tarea de oposición (sobre todo en el caso Bárcenas ), que la prensa daba ya cabida a sus propuestas y que, como guinda, los últimos sondeos le sacaban del agujero y le situaban medio punto por encima del PP. En ese nuevo marco comparecía ayer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante los parlamentarios socialistas, cuando el auto de la jueza Mercedes Alaya cayó como un mazazo.

El escrito de la magistrada que investiga el caso de los ERE arrumbó esas buenas perspectivas y rompió, al menos temporalmente, el discurso socialista sobre la supuesta financiación ilegal del PP y el cobro de sobresueldos en B por parte de sus dirigentes. Porque ese auto de Alaya abre la vía para imputar a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros. Todos ellos son aforados. Chaves y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera son diputados en el Congreso y tendrían que ser imputados por el Tribunal Supremo. Griñán y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Avila, Manuel Recio y Francisco Vallejo son diputados autonómicos y su imputación correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Así las cosas, en principio, Alaya no es competente para proceder a su imputación, aunque, en su inhabitual auto, apela al artículo 118 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que le permite señalarles como presuntos imputables. La Fiscalía Anticorrupción estudiaba la viabilidad jurídica del escrito de la jueza y, por tanto, su recurso, pero el desconcierto se abatía ya sobre las filas socialistas, que temen el desgaste y la desestabilización interna que les puede suponer la imputación de un dirigente tan importante como Chaves.

El expresidente andaluz abandonó la reunión del grupo socialista cuando le avisaron de la decisión de Alaya. Algunos socialistas cuestionaron la medida de inmediato. Porque Griñán, que sigue siendo el presidente del PSOE, decidió preservar a la Junta de Andalucía del efecto perverso de la posible imputación.

Frente a la prudencia pública de Rubalcaba, que se escudó en la necesidad de analizar el escrito de la jueza, hubo socialistas que calificaban en privado el auto de "desatino", aseguraban que es un escrito "sin pies ni cabeza". No obstante, la actuación de la jueza planteaba ayer más incógnitas. Por ejemplo, si Griñán mantendrá su candidatura en el Parlamento andaluz para ser designado senador autonómico o, incluso, si IU, socio de gobierno, seguirá dispuesta a apoyar su nombramiento.