La jueza instructora de la Operación Campeón, Estela San José, ha decidido dar a los abogados que se ocupan de la defensa de los cuarenta y cinco imputados en la causa veinte días hábiles para que revisen todo el sumario, presenten las alegaciones que estimen oportunas o soliciten la práctica de nuevas pruebas.
Según informaron a EFE fuentes judiciales, el plazo mínimo para que la defensa de los imputados presente sus alegaciones es de tres días hábiles, pero finalmente la jueza instructora decidió ampliar ese período ante el volumen de la documentación que tendrán que revisar, dado que el sumario consta de 102 tomos.
En cuanto a la última parte del sumario, las mismas fuentes confirmaron que algunos abogados defensores comenzaron ayer a recoger los discos duros en los que el Juzgado de Instrucción número 3 ha copiado los últimos siete tomos de la causa, que contienen las diligencias más recientes y los informes de Vigilancia Aduanera, para que puedan examinarnos en los próximos días.
Por parte del juzgado que dirige Estela San José, no se practicarán más diligencias de oficio, por lo que la causa se da prácticamente por cerrada, a la espera de que los abogados defensores presenten sus alegaciones o soliciten nuevas pruebas.
Está pendiente, de todas formas, la declaración ante la jueza instructora de un empresario, el próximo día 20, para aclarar una serie de manifestaciones que hizo en el transcurso de una entrevista radiofónica con respecto a este caso.
Una vez finalizado el plazo dado a los abogados, el ministerio fiscal dispondrá de diez días hábiles para calificar los delitos imputados, de cara a la apertura de juicio.
La Operación Campeón trascendió a la opinión pública la última semana de mayo de 2011, cuando agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron a un total de quince personas, entre las que figuraban directivos y empleados de varias empresas, así como dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Se investigaba un supuesto fraude en subvenciones públicas y la jueza instructora envió a la cárcel al empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel y epicentro de las pesquisas, que ingresó en el centro penitenciario de Bonxe.
En todo caso, la investigación judicial cobró otra dimensión cuando el propio empresario acusó a varios dirigentes políticos de cobrar comisiones irregulares a cambio de favores, en una declaración previa a su excarcelación.
Dorribo acusó de cobrar esos sobornos por hacer gestiones en su favor al exconselleiro de Industria Fernando Blanco, que en ese momento era diputado autonómico del BNG, y al parlamentario del PP Pablo Cobián, que abandonaron sus escaños casi de forma inmediata. También señaló al entonces ministro de Fomento José Blanco, que no presentó la dimisión.
La causa contra José Blanco fue separada del sumario principal y remitida por la jueza instructora al Tribunal Supremo en el mes de noviembre de ese año, donde todavía está pendiente de resolución.
Más tarde, las acusaciones del empresario alcanzaron también al alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, aunque la causa contra el regidor, desgajada del sumario principal, quedó finalmente archivada.
Todavía están pendientes de resolución siete causas separadas del sumario principal, entre ellas la que se sigue contra Fernando Blanco, que finalmente acabó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige la jueza Pilar de Lara, instructora también de las operaciones Pokemon y Carioca.
