La magistrada de Granada Aurora María Fernández rechazó ayer asumir la apertura de la fosa en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca al considerar que el juez competente es Baltasar Garzón. Tras la inhibición de este en noviembre, los casos relacionados con las fosas de la Guerra Civil pasaron a los juzgados territoriales. Pero ahora, Fernández García sostiene que las desapariciones ocurridas durante la contienda formaron parte de un plan sistemático de eliminación de personas, como afirmó Garzón en el auto en el que delegó en sus colegas la reapertura de fosas, y por tanto debe investigarlas la Audiencia Nacional.
Da así la razón a la visión que en primer término tuvo Garzón, que se declaró el pasado 16 de octubre competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal. Tras la resolución de la jueza granadina, cuyos argumentos se conocerán el lunes, ahora será el Supremo el que decida el futuro de esta acción judicial, que se inició a raíz de la denuncia presentada por Nieves Galindo --nieta del maestro enterrado junto al poeta y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas--, que Garzón admitió a trámite. Los magistrados que discutirán este asunto son los miembros de la sala penal. Por ello, los cinco que han admitido a trámite una querella contra el juez de la Audiencia Nacional por un delito de prevaricación por su investigación sobre los crímenes del franquismo no podrán participar en el debate.
ADMISION A TRAMITE Además, la próxima semana, la fiscalía tendrá que volver a fijar su posición, pues Garzón piensa recurrir dicha admisión a trámite. En este sentido, el fiscal tendrá que decidir si apoya o no su pretensión de archivar el caso.
