Las dimensiones de la macrocausa de los ERE y el riesgo de prescripción de los delitos marcan el rumbo en los tribunales. La jueza que instruye el caso acaba de ordenar la apertura de 11 nuevas piezas separadas para investigar una treintena de ayudas concedidas a diversas empresas, ayuntamientos y al que fuera chófer del director general de Trabajo, Juan Francisco Trujillo, que reconoció que parte del dinero se destinó a juergas de alcohol y drogas con su jefe, Javier Guerrero, y a regalos para éste.
Hace justo un año, la jueza María Núñez Bolaños accedió a la petición de la Fiscalía y, frente al criterio de la instructora inicial del caso, Mercedes Alaya, dividió la macrocausa en tres grandes bloques: la pieza política, correspondiente al papel del Consejo de Gobierno andaluz para mantener un sistema de concesión de ayudas cuanto menos inadecuado; otra con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas. La primera de las piezas está ya a punto de pasar a procedimiento abreviado, pero los mayores problemas se dan en el tercer bloque debido al volumen de documentación y ayudas.
EVITAR LA IMPUNIDAD
En este sentido, en un auto dictado el pasado martes, la jueza reconoce abiertamente que “resultando imposible, en atención al volumen de trabajo abrir todas y cada una de las piezas existentes, procede comenzar con aquellas que por referirse a ayudas directas existe riesgo de prescripción”. Es decir, aquellas que conllevan más riesgo de que queden impunes los delitos. De hecho, las investigaciones sobre una veintena de ayudas concedidas por la Junta de Andalucía entre el 2001 y el 2010 han tenido que ser ya archivadas por la propia Núñez al ser su cuantía inferior a los 450.000 euros y haber transcurrido más de una década desde que se recibieron los fondos.
Entre las piezas ahora separadas se encuentra 26 ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte que la Guardia Civil vinculó durante la investigación con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Esta comarca sevillana, de la que proceden tanto Viera como el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, se benefició con 55 de los 85 millones en ayudas a empresas que se concedieron en Andalucía entre 2001 y 2010. De esa cantidad, 34 fueron a parar a manos de dos exconcejales socialistas.
