La jueza que investiga los ERE fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía ha imputado este jueves por la mañana sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a José Salgueiro, quien fuera viceconsejero de Economía y Hacienda y número 2 de Magdalena Álvarez, que se ha negado a declarar por consejo de su letrado y por problemas médicos.
Fuentes judiciales han explicado que su defensa presentó la pasada semana un informe médico en el que se detallaba la conveniencia de que no se sometiera a situaciones de estrés intenso. Salgueiro fue el número 2 de la consejería de Economía y Hacienda entre 1990 y el 2004, así que habría conocido el "procedimiento arbitrario" puesto en marcha en el 2001 para conceder ayudas a empresas en crisis mediante transferencias de financiación. Un sistema que la jueza estima "ilegal" y al que se recurrió para agilizar la concesión del dinero y evitar los reparos de Intervención General de la Junta al carecer de controles.
Para la jueza Mercedes Alaya, Salgueiro sería además un personaje clave en la trama política del caso. Así, además de conocer la irregularidad del procedimiento y darle cobertura introduciéndolo en los Presupuestos regionales, contribuyó a alimentarlo, ya que aprobó hasta cinco modificaciones presupuestarias de la partida inicial de donde se nutrían las ayudas por importe de hasta 30 millones de euros.
Tras leerse los hechos que se le imputan, Salgueiro se ha acogido a su derecho a no declarar. Ni Fiscalía ni la Junta de Andalucía, que ejerce de acusación particular, han solicitado medidas cautelares. Por su parte, el sindicato Manos Limpias pide una fianza de responsabilidad civil de 20 millones de euros.
