A la jueza número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no le ha gustado nada el informe de la fiscalía que propone al Tribunal Supremo no abrir una investigación penal contra el presidente del PP, Pablo Casado, por su máster. Y no tiene problema en dejarlo patente a través de providencias. El viernes, nada más conocerlo, preguntó al ministerio público en relación con las compañeras de máster del líder popular, que están imputadas por no ser aforadas. Y ayer fue más allá y preguntó directamente por la causa en general, centrándose en lo que hasta ahora mantuvo el ministerio público respecto a quien era director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. La jueza dijo que «para el correcto entendimiento de esta instructora» la fiscalía debe pronunciarse sobre «el carácter prospectivo y general de esta instrucción». Reprodujo los argumentos del ministerio público en las distintas piezas del caso contra las alegaciones del principal imputado. A todos los recursos del catedrático la fiscalía respondió que «la prospección que se rechaza por la jurisprudencia es la que utiliza medios de investigación cuando no se persigue propiamente un delito en concreto, sino la búsqueda de potenciales acciones delictivas», lo que no es su caso. Rodríguez-Medel consideró que ese criterio es incompatible con lo afirmado por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, en relación con Casado. El número dos de la carrera fiscal sostuvo que la magistrada se basaba en «meras sospechas y conjeturas» de un supuesto concierto entre el político y Álvarez Conde para abrir una investigación que, en su opinión, sería «meramente prospectiva», por lo que se opuso a su apertura. La jueza no requirió el criterio fiscal para elevar la exposición motivada contra Casado o para abrir una pieza en relación con el máster de la exministra Carmen Montón.