El panorama judicial del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont puede complicarse. La jueza de Instrucción número 2 de Gerona ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que le investigue en relación con la gestión de la empresa Aguas de Gerona (Agissa) durante su mandato al frente del Ayuntamiento gerundense, entre el 2011 y el 2016. En concreto, acerca de lo recibido con un canon previsto para el mantenimiento del servicio que fue destinado a comprar obras de arte.
La magistrada, que hace suya la petición de la Fiscalía Anticorrupción de remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando era diputado autonómico, y ahora al Supremo, por ser eurodiputado, considera que pudo haber cometido los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Puigdemont consideró ayer en Twitter que se trata de un intento de extraditarle «como sea». Fuentes de Anticorrupción dudan de que con este procedimiento se logre, aunque la decisión sobre la conveniencia o no de cursar una euroorden corresponderá a los fiscales del Supremo. Se basan en que la prevaricación no está penada con cárcel y no aparece en el listado de delitos de entrega automática previstos en el sistema para las entregas europeas. Sí lo están el fraude contra la administración y la falsedad documental, pero señalan que este primer delito es menos grave que la malversación por la que se le reclama en el procés, porque la conducta que se imputa al expresident consistió en desviar dinero público a la adquisición de la colección artística de Rafael Santos Torroella, para el Ayuntamiento, no para enriquecerse él mismo.
