La juez que investiga la organización del referéndum unilateral del 1-O ha rechazado procesar por organización criminal a 28 de la treintena de investigados, entre ellos altos cargos del Ejecutivo catalán, al entender que carecían de la "infraestructura adecuada par realizar un plan criminal" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero". El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha desestimado, así, el recurso presentado por la Fiscalía de Barcelona y mantiene la fianza de 5,8 millones que impuso a los 17 acusados de malversación.

Entre las personas a la que la fiscalía atribuía el delito de organización criminal se encontraban el director de TV-3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordilo; la presidenta de la Corporación Catala de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach; así como el secretario de Comunicación del Ejecutivo catalán, Antoni Molons; los secretarios generales de Presidencia y de Trabajo, Joaquim Nin y Josep Ginesta, respectivamente, y el de Relaciones Internacionales, Aleix Villatoro. También incluye a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal; al director general de Comunicación, Jaume Clotet, y al director general de Patrimonio, Francesc Sutrias.