Catedráticos de universidades catalanas, de Valladolid, de Sevilla y de Madrid coinciden en calificar de «sólidos» y «ponderados» los argumentos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para mantener en prisión al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn y al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. Comparten esta opinión sobre las resoluciones en las que ciertos sectores critican que se mencionara la ideología de los imputados incluso los que consideran que no deberían seguir presos.

La única excepción en la consulta realizada entre ocho catedráticos -aunque dos prefieren no ser nombrados, y otros dos rehusaron participar al no haber estudiado los autos- la protagoniza el catedrático de la Universidad de Barcelona Joan Queralt que, como en todo lo relativo al procés, se distancia de sus compañeros. No obstante, su crítica más que contra los argumentos jurídicos de Llarena se dirige contra la propia existencia de la rebelión, sedición y malversación que se imputa a 28 exaltos cargos de la Generalitat.

COMPONENTE POLÍTICO / El catedrático de la universidad sevillana Pablo de Olavide Vicente Guzmán explica que este caso «llama mucho la atención, porque tiene un componente político innegable y parece que por eso debería regirse por reglas distintas a las habituales». Recuerda que más del 90% de los imputados por delitos penados con 10 años de cárcel están en prisión preventiva. La rebelión puede estarlo hasta con 30, la sedición, con un máximo de 15 y la malversación hasta con 8.

Se pregunta si se entendería que alguien en la cárcel por robo quedara libre solo por asegurar que no lo va a hacer más. En la causa por rebelión es imposible determinar si existe o no riesgo de reiteración delictiva «sin atender a la situación política». «Si se hubiera resuelto el problema político no habría posibilidad, pero hay cinco exmiembros del Govern fugados, el expresidente Carles Puigdemont habla de un Gobierno en la sombra, de una Asamblea paralela...». La única pega que pone a los autos es que quizá deberían haber abundado en por qué se apoyan en el «contexto político».

La catedrática de la UNED Yolanda Gómez ve «muy ponderados» los autos, porque solo sancionan «la ideología independentista que ha materializado hechos inconstitucionales». A su juicio, «el juez está muy firme» en la investigación de la rebelión y siempre deja a salvo la «libertad ideológica» de los imputados, aunque tenga «en cuenta que el contexto» en el que se «vulneró la ley» aún «no se ha desactivado» para apreciar riesgo de reiteración delictiva.

INFLUENCIA EN TERCEROS / Sostiene que Pablo Llarena presta atención a la «determinación» con la que actuaron tanto Joaquim Forn, al mando de los 17.000 mossos, como Jordi Sànchez, con su poder de movilización. «Les sitúa como jefes y considera que esa influencia que tenían en terceros podrían volver a tenerla» en libertad, simplifica.

Desde universidades catalanas se apunta a que cuando «más quiere justificar un juez más se expone» y que el lenguaje de Llarena a veces cae en el «barroco judicial». Aunque estos catedráticos no comparten las razones del magistrado para que Forn siga preso, consideran «una lectura forzada» que sus autos se interpreten como que castigan el ser independentista.

Juan María Bilbao, desde la de Valladolid, también es contrario a la prisión de Forn, pero ve el auto «bien construido» sobre el testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. No obstante, en su opinión, habría sido suficiente la mención al «clima político en el que parece que se apuesta de nuevo por la unilateralidad».