La defensa de los dirigentes independentistas que serán juzgados en el Tribunal Supremo tienen un denominador común: los procesados no han cometido ningún delito, no existió ni se incitó a la violencia y las movilizaciones fueron pacíficas y actuaron de forma democrática por la falta de diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero a partir de ahí, cada abogado ha trazado su propio camino. Los escritos presentados ante el alto tribunal revelan estrategias diferentes y con múltiples matices entre los 12 líderes soberanistas.
Hay abogados que plantean un juicio con una fuerte carga política, al entender que el tribunal ya tiene in mente la condena, y apuestan por la justicia europea . Este grupo de juristas denuncia la vulneración de derechos fundamentales y el ataque y represión por parte del Estado español hacia el movimiento independentista.
Anhelar la independencia no es delito, sostiene en su escrito la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell , que, a su vez, se desvincula de la organización del referéndum unilateral del 1-O y de la aprobación de la declaración de independencia (DUI), que llegó a petición de los grupos. En su escrito, incide que la causa busca criminalizar a la que fuera máxima responsable de la cámara catalana exclusivamente por haber sido presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), pese a que, en el ejercicio de su cargo, jamás participó, ni pudo participar en la toma y ejecución de decisiones adoptadas por el Gobierno de Carles Puigdemont.
CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO
A esa criminalización, pero del movimiento independentista en general, se refiere el abogado de Oriol Junqueras y a Raul Romeva. A su juicio, las pruebas recopiladas por el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O no son otra cosa que el fruto de unas pesquisas instrumentalizada a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes, una "causa general". Recalca que votar nunca puede ser delito y que se ha producido un frontal desprecio de los derechos fundamentales de los acusados.
Las alusiones a la naturaleza política del proceso judicial y a la supuesta vulneración de derechos son una constante en los alegatos. Para el expresidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, el sumario no es más que un juicio contra una serie de derechos, cuya misión ha sido proteger a toda costa la unidad territorial española, mediante una acción concertada de los poderes del Estado.
La defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull combina trazos políticos con la batalla jurídica. En sus escritos recogen, de una u otra manera, la siguiente expresión: Los ciudadanos presuntamente rebeldes o sediciosos, blandieron por mayor arma un simple papel para depositar en una urna, al acabar la votación regresan pacíficamente a sus casas. Precisan que no existió alzamiento violento o tumultuoso y critica la violencia policial desproporcionada durante el 1-O.
LOS MOSSOS Y SU 'CONSELLER'
Las apreciaciones de Joaquim Forn son algo distintas y tiene un aroma menos político. En su escrito detalla que no participó "en el diseño del operativo policial" del 1-O, "ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político. Eso sí, hace piña con el resto de acusados y admite que, en sintonía con la voluntad de su partido, del Gobierno del que formó parte, y de sus electores, impulsó "un proceso tendente a la consecución de la independencia" por "medios pacíficos".
Los argumentos de 'exconseller' Santi Vila son distintos. Sostiene que su "posicionamiento político" siempre ha sido siempre contrario a "estrategias unilaterales. La exconsellera de Governació, Meritxell Borrás relata que en el momento del 1-O ya no tenía las competencias y procesos electorales. Los escritos de defensa de Dolors Bassas y Carles Mundó no han trascendido.
