Justo la semana que acaba el juicio del procés empezará el de la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas guardaba en la sede del partido. Mientras el primero se ha retransmitido en su integridad, el segundo no lo será. El juez de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, ha aceptado los argumentos en contra de que se pueda seguir por televisión esgrimidos por el partido que preside Pablo Casado que contaban con el apoyo de la fiscalía, que no formula acusación alguna contra los acusados.

El magistrado considera «lógico y notorio el interés social y mediático por el juicio oral que se va a celebrar a partir del próximo 14 de junio, dado que uno de los acusados es un partido político con representación parlamentaria», pero a continuación añade que «al haber sido programada su celebración en cinco sesiones», hasta el próximo día 28 «ese grado de difusión no es compatible con la adopción de las cautelas» que impone la ley de enjuiciamiento criminal, «ya que permite que los testigos puedan presenciar y conocer la declaración de los acusados y de otros testigos que han depuesto previamente». Y pese a lo decidido por el Tribunal Supremo con el procés, el juez establece que aunque «la quiebra de esa clase de incomunicación no compromete necesariamente la validez de las declaraciones, impide minimizar el riesgo de que cada intervención pueda quedar influida o condicionada por el contenido previo del juicio».

Añade que los tres acusados, la extesorera del partido Carmen Navarro, el responsable informático, José Manuel Moreno, y el responsable jurídico, Alberto Durán, «no son personajes públicos ni de notoriedad pública», cuya imagen no ha trascendido, «por lo que la retransmisión del juicio les puede suponer una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos de encubrimiento y de daños informáticos que se les imputan».

La petición de IU

Izquierda Unida pide que el PP sea penado con una multa de 10,8 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y medio de prisión por estos daños en concurso con encubrimiento. El Observatori Desc solicita para la extesorera del PP por dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. Para la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones durante cinco años.

Adade propone que el PP sea multado con 108.000 euros por daños informáticos y que la extesorera y el abogado de la formación sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático pide solo un año de cárcel.