A Julián Muñoz se le acumulan las sentencias. Apenas dos días después de ser condenado a siete años de cárcel por blanqueo y cohecho, el exalcalde vuelve este jueves al banquillo de la Audiencia Nacional para comenzar el juicio por el 'caso Saqueo 2', el último gran proceso contra la corrupción en Marbella. Muñoz se verá las caras con viejos conocidos como el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca o la exalcaldesa Marisol Yagüe, así como varios concejales de la época del 'gilismo'. Tres de los 30 implicados están huidos de la justicia, entre ellos, Carlos Fernández, desaparecido durante la operación Malaya.

El 'caso Saqueo 2', también conocido como 'Monteverde', juzga el desvío de más de 70 millones de euros de las arcas de Marbella a través del complejo entramado de sociedades municipales ideado por Jesús Gil para esquilmar el consistorio. La mitad del dinero supuestamente malversado, 41 millones, se desvió a varias empresas del arquitecto Carlos Monteverde por proyectos que correspondían a obras ya desarrolladas por el Ayuntamiento con otros arquitectos, otros que nunca fueron realizados o incluso que eran meras copias de edificios de otras ciudades.

Edificios copiados

Así, por ejemplo, los planos del Auditorio y Escuela de Música corresponden a los de un centro en Las Rozas (Madrid). Y el plano de un hospital es calcado al de un centro sanitario de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). El despacho de arquitectos Monteverde facturó también un proyecto de universidad, una ciudad de la imagen o un parque temático cuyos planos, según desvelaron los grupos de la oposición en 2007, se correspondían con los del Parque Astérix de Francia.

El caso, surgido a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas, sienta en el banquillo a 36 acusados entre ex concejales, abogados y administradores de las sociedades municipales, para quienes el fiscal Anticorrupción pide un total de 285 años de prisión. Y detalla el sistema ideado por Gil para el “vaciamiento patrimonial” del Ayuntamiento mediante transferencias a una red de sociedades municipales, surgidas con el objetivo de “agilizar la gestión”, que no rendían cuentas y escapaban a cualquier control. Tanto, que llegaron a existir al menos seis sociedades y 12 cuentas bancarias de las que nunca se informó.

Facturas inexistentes

El fraude también incluye la venta de bienes municipales a la baja, pagos por deudas inexistentes o incluso facturas ficticias de los concejales, con argumentos tan peregrinos como "gastos de Navidad" o facturas por hasta 10.000 euros en kilometrajes que pasó el exconcejal y exfutbolista Tomás Reñones con cargo a la sociedad de actividades deportivas. Anticorrupción también les acusa de generar una deuda a la Seguridad Social de 91 millones por el impago de las cotizaciones de los trabajadores durante casi una década.

Antes de que el caso pasara a la vía penal, el Tribunal de Cuentas ya condenó a Muñoz y a otros dos altos cargos de una de las empresas municipales, Contratas 2000 SL, a devolver a las arcas municipales 50,8 millones de euros como "responsables directos" de un agujero contable de 34,9 millones en la sociedad (más sus correspondientes intereses) mediante los contratos con el despacho Monteverde entre 1996 y 1999.

De ese mismo informe contable se derivó el 'caso Saqueo 1', en el que la Audiencia Nacional juzgó el desvío de 24,3 millones de euros del consistorio a empresas privadas entre 1991 y 1995. Juan Antonio Roca fue condenado a seis años y diez meses de carcel por este caso, mientras que José Luis Sierra, exasesor y considerado "ideólogo" del entramado de sociedades municipales, a otros nueve años de prisión.