El vicepresidente de la Generalitat y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras, ha asegurado este miércoles que mantiene contactos con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y prevén reunirse en enero, aunque no ha concretado la fecha.

Junqueras ha hecho este anuncio horas después de que trascendiera la conversación que hace unos días mantuvieron el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aunque a diferencia de Junqueras y Santamaría, estos no han fijado todavía una reunión.

El pasado mes de noviembre, Junqueras envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno invitándola a mantener un "diálogo fluido" con el fin de explorar acuerdos no ligados al proceso soberanista ni al referéndum sobre la independencia. Aunque esta reunión aún no se ha producido, Junqueras ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio que ha habido "algunos contactos" entre ambos vicepresidentes y que "hace unos cuantos días" hablaron por teléfono "de cosas muy genéricas", lo que demuestra que la relación entre ambos es fluida.

JUNQUERAS NO ASISTIRÁ AL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL

El también 'conseller' de Economia ha afirmado que no acudirá mañana a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y será el secretario de Economia, Pere Aragonès, quien asista en representación de la Generalitat. Junqueras ha justificado su ausencia en este último CPFF del año por su actividad parlamentaria, ya que tendrá que participar, ha dicho, en el debate del proyecto de ley sobre la fiscalidad de los activos no productivos de personas jurídicas en la Cámara catalana.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana servirá para individualizar los objetivos de déficit de las comunidades, pero sin salirse, en principio, de la senda acordada en el último CPFF, hace menos de un mes. En el anterior consejo, celebrado el 1 de diciembre y al que sí acudió Oriol Junqueras, se acordó relajar la senda de consolidación fiscal a las autonomías para el 2017, tras un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, que no convenció, sin embargo, a dos comunidades socialistas, la valenciana y la balear, ni a Cataluña.