La Junta de Andalucía ha informado hoy de que ha presentado el recurso al auto de imputación de veinte altos y ex altos cargos del Gobierno regional por los ERE irregulares para evitar una "posible y futura petición de nulidad de la instrucción", ya que advierte que es una estrategia "que barajan las defensas".
En un comunicado, el Gobierno andaluz señala que el gabinete jurídico ha reclamado en el recurso una mayor motivación del auto de imputación de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que la "escasa" fundamentación de las imputaciones puede "comprometer" la validez de la instrucción y "poner en peligro" la recuperación del dinero.
La Junta, personada como acusación en el caso, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de 28 de junio de la juez Mercedes Alaya, en el que se imputa a una veintena de altos y ex altos cargos, entre ellos la exministra y exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez.
El gabinete jurídico ha advertido en su argumentación de la posible petición de nulidad de la instrucción practicada, ya que es una estrategia "que tienen en sus manos las defensas personadas", porque les puede "interesar" no recurrir el auto "para reservarse las alegaciones de nulidad para la fase de juicio oral".
Si eso se produjera, el momento sería "tardío" para la Junta, ya que la anulación de la instrucción, "como consecuencia de una anómala actuación del juez instructor" respecto a los derechos fundamentales de los imputados, "evitaría la reparación completa del daño producido a los intereses públicos", objetivo "esencial" de la personación de la Junta en la causa.
Ha defendido su "doble rol" ante la instrucción, ya que a su condición de acusación se suma la de "víctima de los presuntos delitos cometidos" que se están investigando, entre los que destaca la afectación de la hacienda pública y el buen nombre de la Administración.
Por ello, el recurso sostiene en su fundamentación, "en la misma línea que el Ministerio Fiscal", la subsanación de "la defectuosa construcción del auto del 28 de junio del 2013 por su evidente falta de motivación".
En esa línea reclama una "mayor motivación" del auto, ya que precisa que los "escasos e inconcretos hechos que se relatan" y que dan lugar a la imputación de los altos y ex altos cargos, "no suponen ninguna infracción legal".
Para los servicios jurídicos del Gobierno regional no cabe una imputación penal de los cargos públicos por la elaboración de la Ley de Presupuestos "o por su recta ejecución fundamentada en el desacuerdo personal con el contenido de la citada norma".
Otro de los argumentos del recurso es el de la "competencia y dignidad" del Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía en materia legislativa, ya que se considera que el auto "pone en entredicho" la Ley de Presupuestos y un Juzgado de Instrucción "carece de facultad sobre este asunto".
En ese sentido, ha indicado que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, correspondería al Tribunal Constitucional dirimir este conflicto competencial y el Juzgado de Instrucción nº 6 debería haber planteado en ese supuesto una cuestión de inconstitucionalidad, tal y como recoge la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional.
