Más de un millar de trabajadores cobrando puntualmente su nómina pero con unas competencias muy limitadas y casi sin tareas que realizar. El personal de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), desaparecida en el 2011 y que acabó integrada un año después en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) conforme a la ley de reordenación del sector público andaluz, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz que preside Susana Díaz, que no ha conseguido aún encontrarles una función clara y de los que la oposición dice desconocer siquiera "si fichan cada día”.
Se trata de una bolsa formada por unos 1.500 trabajadores que al no haber accedido mediante oposición a la función pública no tienen atribuidas tareas administrativas, que por ley están reservadas a los funcionarios. Además, su experiencia se limita a la formación para el empleo, con lo que mientras la Junta de Andalucía ha tenido suspendida la convocatoria de estos cursos (desde el 2011), sufunción carece de contenido. El portavoz del Gobierno autonómico ya reconoció hace meses la envergadura del problema, explicando literalmente que “no se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano”.
Desde el PP explican que una vez que en el 2012 las competencias de formación para el empleo se transfirieron a la Consejería de Educación (hasta entonces dependían de la de Empleo) “se quedaron sin funciones”, y muchos de ellos se han reciclado expresamente para ejercer como técnicos de orientación laboral. En la reciente comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en estos cursos de formación para el empleo, una causa que también se investiga en diversos juzgados andaluces, se solicitó larelación de puestos de trabajo de la extinta Faffe, pero lapetición aún no ha sido atendida.
POR LA PUERTA DE ATRÁS
El Ejecutivo de Susana Díaz hizo un amago el pasado mes de abril de incluir por la puerta de atrás a dicho personal laboral en un plan de fondos para el empleo destinado a los ayuntamientos. Se aprobó mediante un decreto ley, pero cuando llegó al Parlamento y al leer la letra pequeña los grupos de la oposición descubrieron que incluía una disposición adicional en la que se establecía que esos servicios y programas pudieran ser desarrollados por personal laboral de las oficinas de Empleo. Es decir, los miembros de la antigua Faffe.
La decisión provocó la indignación no solo de los partidos de la oposición, sino también del propio Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que entendía que esas atribuciones solo correspondían a los funcionarios. En cuanto llegó a pleno, PP, Podemos e IU rechazaron lo que llamaron el decreto de “los enchufados” para que no saliera adelante, e incluso que Ciudadanos, que aprobó la investidura de Susana Díaz y se ha convertido en su socio de facto al sostenerle los presupuestos, se abstuvo y denunció el “juego sucio” del PSOE al intentar incluir ese asunto “de tapadillo”.
EMPLEADOS LEGALES
Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio insisten en que esos trabajadores son empleados públicos integrados legalmente en los servicios de empleo, como ratifica una ley aprobada por el Parlamento de Andalucía y refrendada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. Rechazan que se intentara darles el rango de funcionarios, y recuerdan que esa disposición adicional delimitaba claramente las tareas de los empleados públicos no funcionarios y no invadía las potestades públicas.
También los trabajadores afectados se han quejado de ser “arma política” y, según explicó la portavoz del colectivo en Málaga en declaraciones recogidas por Diario Sur, “que no tengamos un catálogo de puestos de trabajo no significa que no tengamos tareas”. Así, especificaba que sus tareas consistían en informar y ayudar a losusuarios cuando llegan a las oficinas de empleo; prestar orientación laboral a los parados y asesoramiento a empresas. Sin embargo, concedía que no podían acceder al sistema informático que contiene los datos sobre los desempleados andaluces, cuyo uso está reservado a los funcionarios.
"ENCHUFADOS"
Pero el problema con el personal de la Faffe tiene otra cuestión de fondo. Mientras que la Cámara de Cuentas denunció que la entidad recibió entre 2009 y 2010 hasta 49 millones de euros en fondos de cuyo destino “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”. "Ese informe demuestra el descontrol y el despilfarro de dinero público que había en la Consejería de Empleo", dicen desde el PP.
Además, los grupos de la oposición denuncian que el “enchufismo” era la norma habitual para formar parte de la empresa pública y que el grueso de ese colectivo de trabajadores está vinculado al PSOE andaluz o su entorno, ya que hay varios ediles socialistas o familiares de altos orgánicos o institucionales. Una acusación que el ex director de Organización del organismo negó en la comisión de investigación el pasado mes de marzo. “Por ser del PSOE no se entraba a trabajar”, dijo, atribuyendo los vínculos familiares con socialistas a “familias que se han formado dentro de la organización” y subrayando que los contratados pasaban “estrictos procedimientos de selección”.
