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El conflicto catalán

La Junta Electoral lleva a Torra a la fiscalía por los lazos

Rechaza el ardid del ‘president’ de cambiar el color del símbolo e inicia la senda de la inhabilitación. Encarga a los Mossos que retiren todos los signos partidistas de la administración antes de esta tarde

 

Funcionarios de la Generalitat ponen una nueva pancarta sobre la del lazo amarillo con un lazo blanco, ayer. - FERRAN NADEU

DANIEL G. SASTRE / JUAN RUIZ SIERRA

BARCELONA / MADRID
22/03/2019

Quim Torra ya tiene su denuncia por desobediencia. La Junta Electoral Central (JEC) cortó ayer en seco el juego del gato y el ratón que había intentado plantear el presidente de la Generalitat con lazos y pancartas. Después de que el jefe del Govern acatara la orden de esconder la pancarta en apoyo de los presos del balcón de Palau para taparla con otra idéntica pero con el lazo blanco en vez de amarillo, la JEC decidió llevarlo a la fiscalía y ordenar a los Mossos que retiren los nuevos carteles.

A falta de actividad en otros frentes gubernamentales, Torra se estaba especializando en estirar como un chicle las polémicas simbólicas. Tras ocultar durante días un informe del Síndic de Greuges que le recomendaba descolgar las estelades y los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña electoral, este jueves finalmente lo hizo. Pero a su manera, con un ardid muy representativo de lo que ha sido hasta ahora el procés, que finalmente no ha sido aceptado por la Junta Electoral Central.

Torra intentó ganar tiempo manteniendo una pancarta con el mismo mensaje que el anterior -libertad presos políticos- y cambiando el color del lazo, con el pretexto de que el requerimiento de la Junta Electoral solo hacía referencia a «lazos amarillos» y a estelades. Varias consejerías llevaron a cabo acciones similares.

Después, el president envió a la JEC un escrito de alegaciones en el que reclamaba cerrar el procedimiento administrativo abierto porque ya no había «ni estelades ni lazos amarillos» en los inmuebles de la Generalitat.

En otras partes de Cataluña se utilizaron estrategias similares. El ayuntamiento de El Port de la Selva (Gerona) utilizó un juego de palabras y situó un lazo azul junto al lema Libertad presos pacíficos. El Catllar (Tarragona) cambió la pancarta de apoyo a los procesados por impulsar el 1-O y la declaración de independencia por unas flores amarillas.

Ahora el president tiene dos problemas. El primero, la eventual querella de la fiscalía, que podría acarrearle inhabilitación para cargo público. El segundo, que quien debe retirar los emblemas soberanistas de las dependencias oficiales es la Policía de la Generalitat, los Mossos d’Esquadra. Justo en el momento en que la declaración del mayor Josep Lluís Trapero en el Tribunal Supremo en el sentido de que tenía un plan para detener al Govern de Carles Puigdemont todavía resuena en los oídos de los independentistas.

La Junta Electoral, que actuó tras las denuncias de Ciudadanos, cumplió con la advertencia que había hecho a Torra y trasladó el caso a la fiscalía por si el presidente catalán hubiera incurrido en responsabilidades penales. También le abrió un expediente por infracción electoral por exhibir «símbolos partidistas», que conlleva una sanción de hasta 3.000 euros.

Además, la JEC dio a los Mossos un plazo hasta las 15.00 horas de hoy para que quite de la sede de la Generalitat y de los edificios dependientes de la administración los lazos amarillos o blancos, pancartas y símbolos «partidistas» exhibidos, y advirtió de que si no cumple la resolución, podría haber responsabilidades penales. También encargó al conseller de Interior, Miquel Buch, que vigile que no se vuelvan a colocar durante el periodo electoral.

Por la noche, durante un acto de la presentación de la candidatura de JxCat a las municipales de Barcelona, Torra se limitó a hacer una referencia genérica sobre el asunto. «El 1 de octubre lo rompe todo. No hay marcha atrás. Solo seguir adelante, defender hasta las últimas consecuencias nuestros derechos y libertad, el derecho a la libertad de expresión, de concentración, de manifestación, y el derecho a la autodeterminación de Cataluña», dijo, informa Fidel Masreal.

CONTROVERSIA / La polémica provoca cierta incomodidad en los socialistas, que temen las consecuencias que puede tener en las generales del 28 de abril, reforzando al independentismo y a las derechas. El Gobierno había sido hasta ahora muy prudente en sus declaraciones, pero ayer, tras el movimiento de Torra, cambió de actitud. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que el el «desafío a las instituciones» del president era «de vergüenza ajena. Debería gobernar para los catalanes»». Desde Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo, Pedro Sánchez se limitó a explicar que «el Gobierno estará a lo que pida la Junta Electoral, «con serenidad, pero con mucha determinación».

El líder del PP, Pablo Casado, mientras tanto, exigió al presidente una «reacción a la altura», después de haberse «dejado engañar» por Torra, a quien llamó «trilero».

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