El Ministerio de Trabajo deberá "suspender" de inmediato y "hasta la terminación del proceso electoral" su campaña publicitaria sobre las novedades legislativas de la cartera de Eduardo Zaplana. La Junta Electoral Central atendió ayer las peticiones del PSOE e Izquierda Unida, y ordenó la retirada de los anuncios ministeriales, al entender que "no resultan imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos".

El órgano de control de los procesos electorales decidió ayer estimar las peticiones de los dos principales partidos de la oposición, aunque las protestas se habían presentado el pasado día 14. La propia resolución explica por qué no atendió hasta ayer las reclamaciones. Entiende la Junta Electoral que sólo es competente para decidir sobre la campaña del Ministerio de Trabajo a partir del comienzo del "proceso electoral". Por eso comienza su resolución así: "Visto que las campañas objeto de las reclamaciones han seguido publicándose en el día de hoy, en que se inicia el proceso electoral y, por tanto, la competencia de esta Junta...".

EXIGENCIA Tanto el PSOE como Izquierda Unida habían reiterado en la mañana de ayer mediante sendos escritos su exigencia de "retirada inmediata" de la campaña publicitaria de Trabajo, por entender que se trataba de "pura propaganda" y que era ilegal, en tanto que ya había comenzado el proceso electoral. El ministerio que dirije Zaplana encartó ayer en todos los periódicos un tríptico en el que explicaba las mejoras legales destinadas a los autónomos que ha llevado a cabo el Gobierno del PP.

La Junta admite las alegaciones de las dos fuerzas de la oposición, que basaron su reclamación en una instrucción de la propia Junta del 13 de septiembre de 1999. El órgano regulador de las elecciones prohibió entonces al Gobierno realizar campañas en periodo electoral, salvo que sean "imprescindibles para el interés público".

Según el escrito que el PSOE presentó ayer, la publicidad vulneró la ley porque se hizo en plenos comicios, definidos por la propia Junta como los actos comprendidos entre la convocatoria de elecciones y día de votación. Ese periodo había empezado el lunes con el decreto del presidente del Gobierno disolviendo las Cortes y convocando a las urnas para el 14 de marzo. Los socialistas también consideraban ilegal que se usaran fondos públicos para fines partidistas, ya que la citada publicidad "se centra exclusivamente en ensalzar los logros del Gobierno".

Unas horas antes de conocer la resolución de la Junta, Trabajo había asegurado en una nota que la campaña en prensa acababa ayer, con lo que no había vulnerado la ley. También justificaba que la contratación de los anuncios publicitarios había sido decidida en junio, y aseguraba que entonces "ni se podía prever la fecha electoral".