El juez Santiago Pedraz ha decidido agotar la investigación de la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Bagdad (Irak) en el 2003, a pesar de que la sala penal le ha ordenado que anule el procesamiento de tres militares de EEUU por el fallecimiento del periodista. Por ello, ha citado a declarar en calidad de testigos a los exministros del PP Federico Trillo y Ana Palacio para que le expliquen la información que les transmitió EEUU sobre estos hechos.

El magistrado acata la decisión de sus superiores, pero seguirá adelante, ya que le sugirieron que "decidiera los pasos y actuaciones que estimara procedentes llevar a cabo". El exministro de Defensa podrá acogerse a su derecho a declarar por escrito por su condición de aforado, al ser diputado del PP. Sin embargo, la exministra de Asuntos Exteriores deberá acudir a la Audiencia Nacional, ya que no ejerce un cargo político, al ser vicepresidenta del grupo nuclear francés Areva.

Asimismo, el juez solicita a Defensa que designe dos expertos en armamento para aclarar la "capacidad destructora" del proyectil lanzado por el carro de combate que acabó con la vida de Couso y el cámara de Reuters Taras Protsyuk en el Hotel Palestina de Bagdad. Pedraz quiere saber si la respuesta norteamericana fue "proporcionada" o si el vehículo militar podía haber usado otras armas que pudieran "haber abatido o disuadido al supuesto francotirador" que les disparaba desde el hotel, según la versión norteamericana.

IMPUTACIONES POR EL YAK Por otra parte, el magistrado Fernando Grande-Marlaska imputó ayer a cinco responsables del Ministerio de Defensa por 62 homicidios imprudentes por el accidente del Yak-42 en Turquía. El juez acepta, por lo tanto, la petición que el día anterior le hizo el fiscal. El ministerio público acusa a los jefes militares de haber incumplido sus obligaciones de controlar las condiciones de seguridad del vuelo.