El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado hoy la puesta en marcha de oficinas de atención a las víctimas de la causa denominada "niños robados", aquella por la que se investigan en toda España supuestos robos de bebés sustraídos a sus padres al nacer tras decirles que habían fallecido. Caamaño ha afirmado en el Pleno del Senado que en las nuevas oficinas, que habían sido demandadas por las asociaciones y plataformas de afectados y que estarán situadas en las Comunidades Autónomas donde el Ministerio tiene competencia, se dará información y asistencia psicológica. El Ministerio de Justicia también ha aprobado un protocolo para que en el Instituto Nacional de Toxicología se puedan realizar las pruebas de ADN que soliciten los fiscales o los jueces y, después, esa información servirá para crear una base de datos para contrastar las informaciones genéticas que sean necesarias durante las investigaciones, ha destacado Caamaño. Además, se ha despejado el problema de acceso a los registros públicos, sobre todo a los registros hospitalarios, y se han unificado criterios en materia de protección de datos, ha resaltado en la Cámara Alta el ministro, quien ha recordado que su Departamento ha sido "especialmente sensible" con este asunto. Ha subrayado la designación de un representante del Ministerio de Justicia que hace de enlace y mantiene un diálogo permanente entre asociaciones y plataformas, así como que el Ministerio Fiscal haya establecido un mecanismo de coordinación entre todas las fiscalías para investigar los hechos denunciados en todo el territorio. El tema de los niños robados, del que hay denuncias desde 1950 a 1990, pueden revestir "muchísima gravedad" y, por tanto, "han de ser esclarecidos", ha dicho. Caamaño ha recordado la reunión que mantuvo el pasado 16 de febrero con representantes de las asociaciones y plataformas de afectados, a quienes trasladó personalmente el compromiso de informarles sobre las distintas actuaciones, aunque les comentó que el Gobierno no puede sustituir ni a fiscales ni a jueces en sus tareas de investigación y calificación jurídica de las conductas denunciadas.