Con la noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará al rey emérito Juan Carlos I por el supuesto cobro de comisiones en la construcción del AVE a La Meca, la justicia española se sitúa de nuevo en el centro del debate.
El último barómetro europeo publicado al respecto confirma la pobre opinión de los españoles sobre su sistema judicial: es el cuarto país de la UE -solo por detrás de Croacia, Eslovaquia y Bulgaria- donde los ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de la justicia. Un 55% cree, en bastante o en gran medida, que los tribunales actúan al margen de la imparcialidad. La de la impunidad de los poderosos en España es una sensación tan vieja y extendida que ya la recogió Valle-Inclán hace más de 120 años. «En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo», puso en boca de un personaje de Luces de Bohemia.
DE TODAS LAS ESFERAS / Y, sin embargo, no puede decirse que los casos de corrupción de los poderosos descubiertos en España no se hayan aireado y juzgado. Desde el restablecimiento de la democracia, hay víctimas en todas las esferas, y por supuesto en los grandes partidos políticos. El PP y el PSOE, que tras la etapa de Adolfo Suárez se han alternado en el Gobierno, han cobijado a numerosos infractores de la ley. Los casos Naseiro, Filesa, Brugal, ERE, Bárcenas, Púnica, y muchos otros, están muy vivos en el recuerdo. Casi todos terminaron con condenas y penas de prisión para los autores. También la trama Gürtel, cuya sentencia propició la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy.
También está a la espera del desenlace de las investigaciones los escándalos relacionados con la familia Pujol, Convergència i Unió y sus hijos políticos, que son ejemplo de que, a menudo, cuantos más años pasa un partido en el poder más difícil es evitar que algunos de sus dirigentes lo aprovechen para enriquecerse ellos o a sus formaciones. Y próximamente entrarán en prisión los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, aunque hace ya más de una década que la policía lo registrara. Una dilación que, como en otros casos, ha generado incomprensión ciudadana.
La entrada en prisión de Rodrigo Rato en octubre del 2018 por el caso de las tarjetas black demostró que tampoco los grandes banqueros son ajenos al escrutinio de la ley. Si no lo había hecho antes el caso Ibercorp, que protagonizó Mariano Rubio, o el caso Banesto, que terminó con la carrera fulgurante de Mario Conde. Muchos empresarios poderosos también han caído tras destaparse sus corruptelas.
El último estamento en tropezarse con la justicia, la Monarquía, sucumbió con el caso Nóos, que costó una condena a más de seis años de prisión a Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey. Pero todo apunta a que la investigación a Juan Carlos I puede provocar una aún mayor conmoción social y política. Curiosamente, fue el monarca emérito quien pronunció, en su discurso navideño del 2011 y a cuenta del primer escándalo que afectaba a su familia, una sentencia que ahora se pondrá a prueba en sus carnes: «La justicia es igual para todos».
En estos años, han hecho fortuna algunas declaraciones que conectaban con la impresión extendida de que no hay independencia judicial. «Quien diga que la justicia es igual para todos es que no sabe de qué habla», dijo por ejemplo en el 2013 Joaquín Giménez, magistrado del Tribunal Supremo.
POLÉMICO SISTEMA DE ELECCIÓN / Los expertos consultados matizan esa sensación. «No creo en la perfección humana, pero sí en que los jueces son capaces de actuar con profesionalidad», dice el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós. «La justicia tiene que ser igual para todos. Si no, jueces y fiscales estarían cometiendo un delito», opina Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal. Ambos creen que la percepción ciudadana de cierta falta de independencia puede deberse más al sistema de elección de la cúpula judicial -condicionado por los partidos- que a una supuesta laxitud a la hora de perseguir a los poderosos.
En cuanto a la investigación a Juan Carlos I -que fue saludada con un «ya era hora» por parte de Podemos, uno de los partidos del Gobierno-, Arbós subraya que el rey emérito «ya no es inviolable, sino que está aforado». Es decir: la prerrogativa constitucional de la irresponsabilidad sobre sus actos se extinguió cuando dejó de reinar, y si los hechos sospechosos sucedieron después de esa fecha -como pasa con el presunto pago de comisiones del AVE a La Meca-, la justicia puede actuar contra él. De hecho, el actual Monarca ya trató de establecer un cortafuegos hace unos meses, cuando anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación.
