Un juzgado de Sevilla ha remitido al Tribunal Superior de Justicia deAndalucía (TSJA) una exposición razonada para que se investigue al parlamentario andaluz, vicesecretario general del PSOE de Sevilla y miembro de la ejecutiva regional del PSOE-A Carmelo Gómez. La jueza entiende que pudo haber "simulado" un contrato con empresas vinculadas al conseguidor del caso de losERE, Juan Lanzas, por el que habría cobrado 8.390 euros en el 2007 con dinero procedente de comisiones pagadas por Mercasevilla.
La jueza pide que junto a Gómez, hombre muy cercano a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se investigue a otras seis personas no aforadas y ya imputadas en la causa: el propio Lanzas, su cuñado, y su asesor fiscal; el exdirector general de Mercasevilla (la empresa que abonó el salario) Fernando Mellet, el exconcejal del PSOE en Sevilla José Antonio García y la nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla.
Considera que podrían haber incurrido en un delito deprevaricación derivado de la firma de contratos, un delito demalversación de caudales públicos, derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima, y un delito defalsificación de documento mercantil, derivados de la confección, presentación y pago de las facturas.
TRABAJOS NO REALIZADOS
La decisión de la jueza responde a la petición formulada por laFiscalía Anticorrupción en octubre del 2015, hace más de un año. La Fiscalía se basaba en varios informes realizados por laUnidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en los que se concluía que había indicios suficientes de que Gómez cobró en el 2007 y durante 133 días sueldos financiados con fondos públicos de Mercasevilla sin que conste que ejerciera labor alguna en una de las empresas de asesoramiento vinculadas a Lanzas.
El atestado apuntaba a que estas sociedades eran simples pantallasque el conseguidor de los ERE utilizó para cobrar las comisionesque recibía por su mediación en los expedientes de regulación de plantilla, y que para justificar el ingreso de dinero procedente de fondos públicos, la empresa emitía facturas falsas.
Tras ser señalado por la fiscalía, Gómez aseguró que había realizado los informes para los que fue contratado y que cobró una nómina como cualquier trabajador por cuenta ajena, desvinculándose de la confección de las facturas y del origen del dinero.
La Junta de Andalucía se limitó a expresar su respeto por la justicia, al considerar que se trata de un asunto parlamentario que no afecta al Gobierno regional. Ciudadanos, por su parte, explicó que si se confirma la imputación de Gómez solicitará su dimisión, en cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con el PSOE andaluz, aunque abogó por dejar trabajar a la justicia primero.
