El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico y cerebro del caso "Malaya", Juan Antonio Roca, serán juzgados a partir de mañana en la Audiencia Provincial de Málaga por la operación urbanística en la finca "El Pinillo" de Marbella (Málaga).
En el banquillo de los acusados estarán sentadas veintiuna personas -algunas de ellas en prisión desde este año por el caso "Malaya"-, que serán juzgadas por los delitos de estafa, fraude, cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad, prevaricación y alteración de subasta pública, entre otros.
El juicio se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga y se desarrollará a lo largo de 37 sesiones entre marzo y octubre.
Anticorrupción acusa a Muñoz, Roca, exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), funcionarios municipales y a empresarios por una operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, presuntamente, en beneficio de los acusados.
Roca se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel y una multa de 6 millones de euros por los delitos de cohecho, estafa, fraude, maquinación para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.
Por su parte, a Muñoz se le pide 11 años de prisión por prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinación para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado.
El fiscal mantiene que desde que llegó al poder el grupo GIL en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con el propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".
En este caso, Roca presuntamente promovió la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados.
Por su parte, Muñoz supuestamente tuteló desde su destino como regidor suplente, "firmando los decretos necesarios a tal fin".
El fiscal mantiene que los concejales procesados "ratificaron de manera automática, como consciente de su carácter manifiestamente ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella".
En un principio se realizó un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas de hacer un proyecto urbanístico, que no se concretó.
